"Es ilegal, incoherente y segregador": Los 10 motivos con los que la OCB persuade a los centros de Mallorca para que no se adhieran al plan lingüístico

La Obra Cultural Balear envía más de 400 cartas a los equipos directivos de todas las escuelas y colegios de la isla para convencerles de que no se sumen a la medida de la conselleria de Educación

Miquel Sbert, Antoni Llabrés y Lena Serra en la rueda de prensa esta mañana.

Miquel Sbert, Antoni Llabrés y Lena Serra en la rueda de prensa esta mañana. / Irene R. Aguado

Irene R. Aguado

Irene R. Aguado

La Obra Cultural Balear (OCB) ha enviado este jueves más de 400 cartas a los equipos directivos de todos los centros educativos públicos y concertados de Mallorca para convencerles de que no se sumen a la medida de la conselleria de Educación acordada por PP y Vox. El plan lingüístico, alegan, es ilegal, ineficaz y generará un conflicto en la comunidad educativa.

Es la última jugada de la entidad cultural antes de emprender acciones judiciales contra la medida. En cuanto se publique en el BOIB, previsiblemente este sábado, desde la OCB piensan interponer un recurso contencioso administrativo y pedir la suspensión cautelar del plan con el objetivo de que no se aplique el próximo curso.

Antes de recurrir, la entidad ha gastado su última bala con las más de 400 cartas que ha remitido a los centros de la isla. Las misivas contienen un escrito del presidente de la entidad, Antoni Llabrés, y un decálogo de 10 motivos por los que rechazar el plan.

En la carta, dirigida a los equipos directivos (ya que serán los responsables de proponer el plan a sus claustros), Llabrés alega que la medida "segregará a los alumnos por razón de lengua" e impedirá que los que escojan la enseñanza en castellano alcancen un dominio suficiente del catalán. "Os pedimos que no sometáis a consideración del claustro de profesores el plan piloto y que recomendéis a la titularidad del centro [en el caso de los concertados] que no pida adherirse", solicita Llabrés en la carta.

Lo ha explicado esta mañana en rueda de prensa el presidente de la OCB, la vicepresidenta, Lena Serra, y el filólogo y pedagogo Miquel Sbert, que fue director general en Educación y director del Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de Baleares (IAQSE). Estos son los 10 argumentos que han detallado para rechazar la medida:

  1. Incoherente: Argumentan que el plan no incluye un diagnóstico que lo justifique, ni tampoco desgrana sus objetivos, no detalla la previsión de recursos y material que se pondrá a disposición de los centros adheridos ni tampoco explica cómo se realizará el seguimiento y la evaluación de la experiencia. La OCB añade que no se especifica, "más allá de vagas alusiones", ni los agentes, ni los calendarios de aplicación ni las posibles medidas correctoras si el plan no se cumple.
  2. Ilegal: Desde el punto de vista jurídico, la OCB interpreta que el plan "pretende alterar una de las bases fundamentales del modelo lingüístico vigente", llamado modelo de bilingüismo central o de conjunción lingüística. Recuerdan que está "ampliamente avalado por los tribunales de justicia" y no es compatible con el principio de libre elección de lengua. Además, argumentan que la medida no encaja con el artículo 35 del Estatut d'Autonomia ni con el artículo 2 de la Ley de Normalización Lingüística. Estas serán algunas de las bases jurídicas de la OCB para interponer el recurso.
  3. Inequitativo: Lamentan que la resolución proponga "privilegiar" a los centros adheridos con más recursos. Esta "parcialidad", argumentan, "atenta directamente contra el principio de igualdad y de equidad en el sistema educativo". Además, induce a un "estado de desequilibrio" entre centros educativos y familias que, en principio, "tienen derecho" a esta medida.
  4. Segregador: Pese a que el conseller de Educación, Antoni Vera, "utilice eufemismos", desde la OCB entienden que "implícitamente" se pretende segregar en aulas distintas según se escoja castellano o catalán. Recuerdan que en el propio borrador se establece como requisito para adherirse que el centro tenga espacios idóneos, lo que para la entidad cultural significa "aulas para segregar".
  5. Ineficaz: Los procesos de revisión externas a las que se verán sometidos los centros, alega la OCB, provocarán "inestabilidad, incerteza e ineficacia". La entidad cuestiona en este punto cómo se administrarán las dotaciones que se otorguen, cómo se supervisarán los procesos, si los profesores recibirán algún tipo de formación, qué pasará si los alumnos se cambian de grupo o de centro o si las familias cambian de opinión en mitad de curso, medidas que no detalla el plan.
  6. Atenta contra la autonomía de centro: La resolución, siempre según la carta de la OCB, pretende añadir "reglas de funcionamiento invasivas" en la autonomía de los centros. También "retoca aspectos" como la participación de las familias en los documentos de gestión.
  7. Arbitrario en la selección: También alegan que el plan es "arbitrario", tanto en la selección de centros como del alumnado. El plan prevé una comisión técnica de selección integrada exclusivamente por cargos políticos o de libre designación, cosa que "invalida el carácter técnico en la toma de decisiones", apunta la entidad cultural. Vuelven a señalar en este punto el requisito de la idoneidad de las instalaciones, cuando dichas instalaciones "son responsabilidad de la institución convocante". "Tampoco explica claramente cuáles son las exigencias estructurales imprescindibles", señalan.
  8. Conflictivo: Para la OCB, la resolución puede implicar "puntos de conflictividad gratuita", tanto en la relación de los centros con las familias como dentro de los propios centros. "La imposición del TIL ya abrió heridas que ha costado mucho esfuerzo y tiempo cicatrizar", recuerdan. El plan, además, ha sido rechazado por la mayoría de sindicatos, asociaciones y entidades del mundo educativo. En definitiva, la aplicación de esta medida, advierte la Obra Cultural Balear, generará confrontaciones que "enturbiarán una comunidad educativa que debería dedicar sus esfuerzos a trabajar armónicamente en beneficio de la formación" y a "resolver los problemas reales y no los ficticios provocados por fuerzas ajenas a la educación".
  9. Inseguro jurídicamente: La aprobación de esta resolución, argumentan, genera una situación de "inseguridad jurídica" en los centros, principalmente en la dirección y los órganos de gobierno y las familias. De esta forma, se deja en una situación de "desamparo" a escuelas y colegios frente a reclamaciones o denuncias, ya que la medida "plantea dudas sobre su legalidad" por aspectos como la imposibilidad de atenderlos de forma equitativa o favorecer a unos sobre otros.
  10. Desequilibrador entre el sector público y el privado-concertado: Por último, la OCB advierte que el objetivo "no explícito, pero fácilmente perceptible" de este plan es "incrementar la desproporción de oportunidades" entre los alumnos de la enseñanza pública y la concertada.
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