Cataluña no hubiera estallado sin Rajoy en La Moncloa. También cuesta desligar la oleada de protestas sectoriales que se ha adueñado de las calles, de la extraordinaria pasividad del Gobierno. Sin embargo, el ejecutivo se ha superado a sí mismo al coronar dos hitos en apariencia inalcanzables. No solo ha logrado la convocatoria de una huelga de togas, sino que ha unido en este propósito a asociaciones de jueces más irreconciliables que PP y Podemos.
Independentistas, pensionistas, cazadores, ahora jueces y fiscales, los telediarios han de etiquetar cuidadosamente sus imágenes para no confundir sobre el propósito de la manifestación en pantalla. Los escasos espectadores, que contemplan las intervenciones callejeras de la mayoría de sus conciudadanos, llegan a la conclusión de que el país entero se está despeñando por la ladera.
La huelga es el último recurso de los jueces. La han extirpado de su código genético, la perciben como una puñalada a sus convicciones más íntimas. Entre la maraña de reclamaciones entrelazadas desde la Asociación Profesional de la Magistratura a Jueces para la Democracia, procede guardar un hueco para la sensación de verse utilizados por el Gobierno, que también será el primero en abandonarlos si le defraudan.
Excepcionalmente, Rafael Anticatalá deberá delegar la dirección de la política reaccionaria de comunicación del Gobierno, para centrarse en la Justicia que encabeza su ministerio. Rajoy sigue en la hora de la siesta.
