La sección segunda de la Audiencia de Palma celebrará, el próximo día 19 por la mañana, la vista previa del juicio contra tres agentes de la Policía Local de Palma acusados de insultos y actitudes homófobas contra su compañera Sonia Vivas por el hecho de ser lesbiana. La vista servirá para sellar un acuerdo, que parece muy improbable dadas las elevadas penas reclamadas por las acusaciones, establecer la fecha del juicio y preparar la agenda del mismo.

Esta causa es una pieza separada del sumario por corrupción en la Policía Local de Palma, también llamado caso Cursach, por el empresario de la noche mallorquina del mismo nombre. Dos de los acusados estuvieron un tiempo en prisión preventiva por este caso y después fueron puestos en libertad por la Audiencia.

La fiscalía anticorrupción solicita penas que suman más de 20 años de cárcel para tres policías locales de Palma —entre ellos, un excomisario y un líder sindical— por vejaciones y humillaciones homófobas a una compañera de unidad. Los fiscales Miguel Ángel Subirán y Juan Carrau solicitan en su escrito de acusación penas que oscilan entre los cuatro años y medio y los diez años y nueve meses de prisión. Los fiscales les acusan de delitos contra la integridad moral, lesiones, denuncia falsa, falso testimonio, presentación de testigos falsos y un delito contra la administración de justicia. Además, para tres de los acusados solicitan la agravante de actuar por motivos de orientación sexual. Los encausados son Alberto J. Ll.; Rafael P. R. y el comisario Rafael E.B.

Según el escrito, desde 2007 hasta la actualidad, dos de los acusados que trabajaban en la unidad motorizada de la Policía Local se pusieron de acuerdo para humillar y menospreciar a la víctima, movidos por su "odio y desprecio a la condición homosexual" de la agente que trabajaba con ellos. De manera "diaria e insistente", según los fiscales, los acusados vejaban a la joven dirigiéndose a ella como "tijeritas" o "bollera" en comentarios que trasladaban también a cafeterías frecuentadas por compañeros del cuerpo. La acusación afirma que los agentes también hacían frecuentemente gestos "llevándose la mano a los genitales y preguntándole por qué no se ponía un calcetín en la entrepierna", además de interrogarle sobre si "hacía de hombre o de mujer", provocando la "risa y burla" de los presentes.

En el escrito de acusación se narran varios episodios de este tipo, en los que los acusados gritaban la palabra "tijeras" para provocar el escarnio entre los compañeros de unidad o contaban chistes en alusión a la condición sexual de la joven. Se relata que otro de los acusados "rompió varios huevos en la motocicleta de trabajo de la víctima y después le preguntó si le gustaba la tortilla". Los fiscales también acusan a los tres agentes de desinflar las ruedas de la motocicleta, obligarle a entrar en clubes de alterne durante el servicio sin tener ningún operativo e intentar poner una denuncia falsa contra ella después de que denunciara públicamente el acoso que estaba sufriendo.

La acusación también hace hincapié en que el entonces comisario Rafael E. estaba al corriente de la situación que la víctima le había comunicado. Según los fiscales, cuando la joven le contó los hechos el comisario "sacó pecho, le gritó, burló, se mofó y le dijo que si no estaba contenta en la unidad, que se marchara e hiciera un informe diciendo que no era apta, añadiendo que era una bollera de mierda y que era la causante del problema".

Según los fiscales, el comisario no emprendió "actividad investigadora alguna" sobre los tres agentes, por lo que la víctima tuvo que "resignarse" y pedir el cambio de unidad, ya que las burlas continuaron. El escrito también recoge que la agente fue víctima de "intimidaciones, coacciones y acoso" tanto en su domicilio como en su persona física después de denunciar públicamente su situación.