El Gobierno reconoce que la heterogeneidad provocada por las diferentes regulaciones autonómicas y municipales sobre los alquileres turísticos "puede generar conflictos e incertidumbre", y admite que el sector le reclama una normativa estatal sobre el alquiler que incluya estos usos "y haga frente a los grandes retos a los que se enfrenta el mercado del arrendamiento en este país".

Así consta en la respuesta parlamentaria del Ejecutivo al diputado de Unidos Podemos Ricardo Sixto, que había registrado en el Congreso una pregunta para saber si el Gobierno contemplaba modificaciones en el marco estatal para establecer una regulación en materia de alquileres turísticos.

A pesar de las inquietudes manifestadas por el Ejecutivo en su respuesta, y las transmitidas por el propio sector, el Gobierno no aclara si prepara una regulación del alquiler turístico -como las adoptadas o emprendidas por administraciones autonómicas y municipales, que también detalla en su respuesta-.

Sí que reitera su voluntad de actuar fiscalmente en el sector, y señala que Hacienda ultima un decreto para endurecer los controles sobre las plataformas de alquiler vacacional.