"Ocuparemos una habitación en casa de mi madre hasta que alguien se apiade de nosotros. Yo sería partidaria de mentir sobre cuántos hijos tenemos porque en algún sitio tenemos que vivir. Pero mi marido prefiere ir con la verdad por delante". Es la reflexión desesperada de Belén Rejón. Asiente a su lado su marido, Ángel Sánchez, transportista, con trabajo estable y una nómina que va de 1.300 euros en invierno a 1.900 en verano. Ella cobra el paro. Pero nadie les alquila un piso porque, denuncian, tienen cuatro hijos: uno de cinco años, otro de tres y dos mellizos de siete meses. Al parecer, demasiados.
Viven en el Molinar, una zona con el metro cuadrado por las nubes, y su casero les ha puesto como fecha tope el 28 de enero para irse porque su contrato ha terminado y no quiere prorrogarlo. Encontré un piso en el barrio por el que me pedían 850 euros. La inmobiliaria aceptó después de ver mi nómina, pero cuando estaba todo acordado la propietaria se echó atrás. Fue cuando envié una fotocopia de mi DNI. Nos conoce del barrio y aunque nadie nos lo ha dicho claramente, sabemos que es porque no quería a tantos niños en su vivienda", cuenta Sánchez, cordobés afincado en Mallorca hace dos décadas.
"Días después vi un piso de dos dormitorios en Can Pastilla por 750 euros. La propietaria era una chica joven. Me preguntó cuántos éramos. ´Un matrimonio con sus hijos´, le respondí. Insistió y le mentí: ´tenemos dos hijos´. La chica me dijo que éramos muchos para el piso. Aún así le dije que quedáramos para verlo. Aceptó, pero cuando me presenté allí no apareció y cuando la llamé me colgó el teléfono", recuerda Sánchez.
Hubo un tercer intento, con el mismo resultado: "Vi un piso en el Coll por 700 euros, un tercero sin ascensor. La chica de la inmobiliaria me lo enseñó. No era para tirar cohetes, pero podía valer. Me preguntó cuántos éramos y esta vez dije la verdad. ´¿Cuatro?´, me respondió alarmada. Le dije que teníamos ayudas por ser familia numerosa y que mi mujer cobraba el paro. Intenté explicarle que podíamos cubrir ese alquiler con creces. Me dijo que por mucho que ingresáramos, los hijos restaban, así que me descartó".
Ha habido un cuarto portazo, el último de momento. "Me interesé por un piso de 850 euros, con el agua y la comunidad incluida. Pedían dos meses de fianza, la comisión de la agencia y el primer mes: 3.400 euros para entrar. En la visita estaba una chica de la inmobiliaria y la propietaria. Cuando dije que teníamos cuatro hijos, bromearon: ´¿Cuatro? Ya sé quién me pagará la pensión´. La chica de la agencia me llevó a un aparte y me dijo que no era el perfil adecuado. Después la propietaria me dijo que a mí tendría que cobrarme el agua aparte porque al ser tantos gastaríamos más. Tengo un bono social por el que tengo un descuento en el agua, pero ni me escuchó", lamenta el transportista.
Otro fracaso con el IBAVI
Llevan cinco años apuntados en la lista del IBAVI para acceder a un piso social sin ningún éxito. "También nos han humillado. El nacimiento de los dos mellizos, uno con síndrome de Down, nos daba más puntos, pero no nos actualizaron la puntuación por un día, así que tenemos que esperar al menos hasta mayo", lamenta Sánchez. "¿Dónde están los derechos del menor? ¿Y el derecho a la vivienda digna?", se pregunta.
El cordobés termina con una reflexión emocionado: "¿Sabes la humillación que sufro como padre? ¿Cómo le explico a mi hijo que al final tendré que pagar 900 euros por un alquiler y no me quedará ni para comprarle un donut?".
