A pocos días de cumplirse dos meses del ingreso en prisión de Bartolomé Cursach, acusado de cometer 16 delitos, su abogado ha comenzado a maniobrar para intentar conseguir que salga de la cárcel. El abogado ha pedido que se levante el secreto del sumario o que se le deje en libertad. El empresario encargó su defensa al conocido abogado Enrique Molina, exfiscal de la Audiencia Nacional, que hasta ahora no había presentado un solo escrito en el juzgado de Instrucción número 12, que investiga desde hace más de tres años una trama que destapa las relaciones entre la Policía Local de Palma y los intereses de Cursach. Una investigación que, salvo algunos flecos, se encuentra en estos momentos bajo secreto, ya que el juez Manuel Penalva, por ahora, no permite a la defensa el acceso al contenido de las declaraciones de los testigos que han ayudado a desmontar esta trama.

Aunque hace algunas semanas que el abogado Molina viajó a Mallorca para visitar a su cliente en la cárcel, y aprovechó para presentarse ante el juez, hasta el día de ayer no había solicitado en ningún momento la libertad de su cliente. En el primer escrito oficial que ha presentado se limita a pedir al magistrado que levante inmediatamente el secreto de sumario, alegando que en estos momentos su cliente sufre una total indefensión, dado que no conoce cuáles son las pruebas que le implican en este rosario de delitos, ni el contenido de las declaraciones de los testigos que han declarado en su contra. El abogado no pide directamente que se deje en libertad al empresario. Su principal prioridad es poder tener acceso al contenido completo del sumario. Pero en el caso de que el juez Penalva rechace este escrito, entre otras cosas porque todavía faltan muchas pruebas por practicar, el abogado solicita, alegando dicha indefensión, que deje en libertad a Cursach.

Durante estos casi dos meses que lleva preso, Cursach se ha ido acostumbrando al rígido régimen interno de la cárcel. Físicamente se mantiene muy entero y prácticamente recibe visitas a diario, tanto de familiares o colaboradores como ejecutivos de sus empresas. Cursach se habría quejado más de una vez que no entiende el motivo por el que esta situación de prisión provisional se prolonga, pero sobre todo no comprende la causa por la que su abogado no había solicitado todavía su puesta en libertad.

Precisamente, en el propio juzgado sorprendió la decisión de su defensa de no recurrir el contundente auto del juez Penalva, por el que justifica su ingreso en prisión. El magistrado, apoyado por la fiscalía Anticorrupción, sostenía que el magnate del negocio del ocio nocturno era sospechoso de los delitos de tráfico de drogas, homicidio, corrupción de menores, pertenencia a banda organizada, cohecho, extorsión, amenazas, coacciones, uso de información privilegiada, delito contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental, estafa procesal, aportación de documentos falsos en juicios, tenencia ilícita de armas y delitos contra los trabajadores. Acusaciones por las que Cursach se juega penas de prisión que suman más de 80 años.

No parece que el juez vaya a cambiar de momento su estrategia en esta investigación, por lo que solo levantará el secreto cuando lo considere necesario y no porque se lo solicite un abogado. No hay día que no se tome declaración a testigos que van aportando datos sobre los negocios de Cursach y su relación con la Policía Local, que le permitía disfrutar de un trato de favor que no tenían otros empresarios del sector.

Mientras Cursach está en la cárcel se han detectado muchos movimientos de personas del entorno del empresario para conocer los nombres de los testigos que han declarado en contra del dueño de las discotecas. De hecho, ahora mismo hay tres personas en prisión, entre ellas un sobrino de Cursach, acusadas de amenazar a testigos, la mayoría exempleados.

Nuevo abogado de Sbert

Pero no solo Cursach está maniobrando para salir de la cárcel. También lo está haciendo su mano derecha, el ejecutivo Tolo Sbert, que lleva el mismo tiempo en prisión que el empresario. Aunque inicialmente le representaba el mismo bufete legal que contrató su jefe, Sbert ha decidido apartarse de esta línea de defensa porque entiende que en algún momento puede producirse un choque de intereses. Ha contratado a un abogado de un despacho de Palma, que lo primero que ha hecho es solicitar al juez la puesta en libertad del ejecutivo.