"Hemos actuado bien y a tiempo con el caso Minerval", concluía ayer el rector de la UIB, Llorenç Huguet, sobre el papel que ha jugado la institución pública que dirige en la presunta venta ilegal de un falso medicamento a enfermos con cánceres terminales por parte de dos catedráticos universitarios, Pablo Escribá y Xavier Busquets.
Obviaba el rector, que opta a la reelección en los comicios que se celebrarán el próximo 24 de mayo, las denuncias verbales que recibió su vicerrector de Investigación, Jaume Carot, en mayo de 2014 por parte de dos ex investigadoras del grupo de Escribá. "No me consta", respondió un lacónico Huguet cuando se le preguntó sobre esta circunstancia. Como también negó que otra denuncia presentada ante el Síndic de Greuges en 2011 probara nada en concreto.
El rector efectuó estas declaraciones en el transcurso de una comparecencia junto al presidente del Colegio de Médicos de Balears (COMIB), Antoni Bennàssar, para la firma de un convenio de colaboración entre ambas instituciones para que los estudiantes de grado y postgrado de títulos oficiales y propios de la UIB puedan hacer prácticas académicas externas curriculares y extracurriculares en la institución colegial.
Una comparecencia en la que el máximo responsable universitario reiteró el mensaje con el que se está defendiendo de las críticas por su forma de actuar, o no de hacerlo, ante un escándalo que puede dañar el prestigio de la UIB y de sus cerca de 150 grupos de investigación.
Así, recordó la reunión que mantuvieron en verano de 2015 con un testigo de la presunta venta ilegal de falsos fármacos en el campus universitario auspiciada por el servicio de Oncología de Son Espases. Una reunión en la que no se llegó a ninguna conclusión porque, dijo, el testigo finalmente se retractó.Presunción de inocencia
Huguet apeló a la "presunción de inocencia" y a la "protección de datos" para justificar su no actuación ante datos y denuncias no suficientemente contrastadas contra los dos catedráticos, "no un caso de falta de transparencia", diferenció. Aunque a continuación retomó su discurso de que fue la Universitat la que denunció estos hechos a la Fiscalía el pasado verano. "Es la UIB la que ha dado el paso para ver si algo se estaba haciendo mal", dijo.
Hacía referencia de esta manera a la denuncia presentada ante el Ministerio Público por Francesca Mas, presidenta del Consell Social de la UIB, un órgano que, como la propia institución académica define en su web, "es un instrumento mediante el cual la sociedad pueda ejercer su derecho a conocer qué se hace en la Universitat".
Así, pese a lo que quiera vender Huguet, la denuncia partió de un órgano de control de la propia Universitat en la que participan miembros de la sociedad balear y de la propia UIB, y no del Consell de Govern de la institución académica que él mismo preside. Y pese a que hay testimonios de investigadores que aseguran que las presuntas prácticas irregulares de los catedráticos fueron denunciadas a responsables del equipo de Gobierno.
El propio Escribá exhibía en su despacho una secuencia de imágenes de un cerebro de una paciente a la que el catedrático, según él mismo aseguraba, habría curado de un cáncer cerebral con Minerval.
Esa imagen, que no solo decoraba su despacho sino que también le sirvió al catedrático para ilustrar la patente de esa molécula, databa de octubre de 2000. Esto probaría que el catedrático habría estado suministrando Minerval a pacientes doce años antes de empezar el primer ensayo clínico para probar la idoneidad del compuesto con tumores cerebrales.
Habida cuenta de que los controles han fallado, ¿sería necesario arbitrar un órgano de control externo a la Universitat?, se le trasladó a Huguet. Y el rector respondió que no solo lo creía innecesario porque "la Ciencia y la actividad científica se autorregula" si no porque estimó imposible controlar todas las ramas de investigación desarrolladas por los 150 grupos que trabajan en la actualidad en la UIB.
Asunto institucional
Pese a que aseguró que en estos momentos no le preocupaban las próximas elecciones a rector, Huguet consideró todo este problema como un "asunto institucional con el que tenemos que ir todos a una", confió no sin antes admitir que no duda que "formará parte de la campaña electoral".
Por último, el presidente de los médicos de Balears admitió haber recibido una carta de Josefa Terrasa, jefa de Oncología de Son Espases, denunciándole la presunta venta fraudulenta e ilegal del falso medicamento anticancerígeno en el año 2015. Pero Bennàssar, como antes Huguet, se escudó en la inconcreción de la denuncia y en la falta de atribuciones del Colegio de Médicos para justificar que no actuara.
"Pedimos más información a los médicos, pero el asunto trascendía nuestras competencias", señaló el presidente colegial que limitó las mismas a abrir expedientes a facultativos que vulneran el código deontológico de la profesión. Eso sí, Bennàsar se congratuló de que ningún médico estuviera implicado en el escándalo y confió en que éste no afecte al buen trabajo investigador que se hace en la UIB.
