Tribunales

Condenado por estafar a once campos de golf de Mallorca con falsos reportajes

El acusado representaba a una productora de Canarias, que se comprometió a que los programas se emitieran en una cadena nacional

29.03.2017 | 01:27
Los programas debían promocionar los campos de golf de Mallorca.

Dos años de cárcel, más una indemnización de tres mil euros, es la condena que una jueza de Palma ha impuesto a un hombre por estafar a once campos de golf de Mallorca. Un fraude que consistió en la firma de unos contratos para promocionar en un canal de televisión nacional, a través de una serie de reportajes, los campos de golf de la isla. Unos programas que, pese a que algunos reportajes se grabaron, jamás fueron emitidos. Los perjudicados, a través de la Asociación de Campos de Golf de Balears, ejercieron la acusación contra el autor de esta estafa. Dicha acusación fue ejercida por el abogado Llorenç Salvà, del bufete Buades.

El acusado, Sebastián M.P., se puso en contacto con los campos de golf como representante de una productora de televisión de Canarias. A sus responsables les propuso realizar grabaciones de promoción de estas instalaciones deportivas, que se emitirían en un programa especializado sobre este deporte en un canal de televisión nacional. Estos programas debían emitirse entre los meses de junio a septiembre del año 2012, pero no se televisaron.

El representante de esta productora canaria aseguró a sus clientes que todos estos reportajes contarían con una subvención pública, entregada por la conselleria de Turismo y la empresa pública Ibatur. Sin embargo, esta afirmación era falsa por cuanto, según deja claro la sentencia, el acusado no realizó ningún tipo de gestión con la conselleria, ni antes ni después de firmar los contratos, para conseguir dicha subvención.

El acuerdo con las empresas que gestionan los campos de golf de Mallorca era que estos reportajes tendrían un coste económico entre 640 a 800 euros cada uno. Y se acordó un sistema de pago en tres plazos.

El acusado envió a Mallorca un equipo de técnicos para realizar dichos reportajes. E incluso contrató a una mujer que había sido miss España y llegó a ser finalista del certámen de miss Universo. La joven estuvo visitando los escenarios donde se debían realizar estas grabaciones para ser la presentadora de los reportajes.

Para la jueza que ha resuelto este caso, esta contratación fue un engaño, por cuanto el acusado se quedó con el dinero que cobró y jamás consiguió que los reportajes se emitieran por la televisión, como así había acordado en los contratos.

El acusado, para justificar el incumplimiento del contrato, aseguró que verbalmente en la conselleria de Turismo le aseguraron que se harían cargo del 80% del coste de estos programas deportivos. Y justificó que este acuerdo no pudo cumplirse porque el entonces conseller de turismo dimitió.


Poco convincente

Esta versión de los hechos no ha convencido en ningún momento a la magistrada, que destaca la certificación emitida por la conselleria, en la que se asegura que no se presentó nunca una propuesta para subvencionar estos reportajes publicitarios.

La sentencia destaca la intención de engañar que mostró el acusado antes incluso de firmar los contratos con los once campos de golf. Los documentos los firmó como apoderado de una productora, que en la fecha del acuerdo ya había cerrado esta empresa por no presentarse las cuentas anuales. Y, además, en esas mismas fechas, el acusado ya había cesado de su cargo de apoderado de esta sociedad.

Otra de las irregularidades que detecta la magistrada es el domicilio de la empresa que figura en estos contratos, que es diferente al domicilio fiscal de la sociedad.

También se ha descubierto que en los documentos aparece un número de cuenta bancaria, que no pertenece a la productora canaria. Dicha cuenta está a nombre del padre del acusado, aunque él tenía firma autorizada.

También utilizó el número de identidad personal de su progenitor para que apareciera en los contratos, lo que a juicio de la jueza demuestra que el acusado nunca tuvo la intención de cumplir con los acuerdos que firmó.

En la sentencia se da la razón, tanto al fiscal, como al abogado Salvà, como acusación particular y se impone la pena de prisión que se solicitaba. La magistrada, al mismo tiempo, impone al acusado la obligación de devolver todo el dinero defraudado. La sentencia se puede recurrir.

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