Un grupo de activistas voluntarios deja en evidencia al Govern, al tener más controlada y localizada la oferta de alquiler turístico en la isla que la propia conselleria de Turismo. La organización Terraferida se ha adelantado al departamento que dirige Biel Barceló, que dice estar dispuesto a comenzar este verano a hacer intensos barridos en internet buscando oferta ilegal, como adelantó este diario ayer mismo.
El colectivo ecologista les ha adelantado el trabajo a los inspectores de forma sustancial, ya que ayer colgó en su web un mapa con todas las plazas y alojamientos que oferta la principal web de alquiler turístico (AirBNB) en Mallorca. El lunes llevarán una memoria externa a Turismo con toda la información.
Para la organización ha sido un "trabajazo", pero es un prueba de su "voluntad firme" para regular este nuevo modelo de turismo, una voluntad decidida que echan en falta por parte del Govern del Pacte: "No era tan difícil de hacer", dijo ayer Jaume Adrover, portavoz de Terraferida, que indicó que "las declaraciones políticas" no bastan si no se ponen medios extraordinarios para afrontar "un fenómeno extraordinario".
Las autoridades deben "hacer algo ya ante este fenómeno colosal", subrayó: contando solo las que se ofrecen en AirBNB, el alquiler turístico llega a las 8.543 plazas en Mallorca, distribuidas en 11.271 alojamientos. "Y estos datos, de enero de 2016, pueden haberse duplicado", precisó Adrover. Las cifras las han extraído de la plataforma crítica InsideAirbnb, una organización de EEUU.
Todo se alquila
Adrover lamentó que en la isla "todo se alquila" y que el tipo de alojamientos que se han encontrado haciendo este análisis de big data lo demuestra: además de casas y apartamentos (se ofrecen un total de 9.689), la web oferta once caravanas, nueve castillos, 37 barcos e incluso tiendas de campaña (13), cuevas (tres), una barraca, una cabaña en un árbol y hasta un iglú (junto al bosque de Bellver). Según esta investigación, en enero de 2016, ninguno de los 11.271 alojamientos detectados declara tener licencia turística.
"Hemos pasado de tener un turismo concentrado seis meses y en determinadas zonas turísticas a tener turismo todo el año y por todo", indicó Xim Valdivielso, también colaborador de Terraferida. "Es un nuevo modelo que encuentra gritas por todo para seguir creciendo", añadió Adrover. Y en medio de este cambio de paradigma, señalaron, están los residentes "que cada vez contamos menos".
Terraferida advierte sobre los elevados costes ambientales de este nuevo modelo, destacando el elevado consumo de territorio que supone: muchos chalets se construyen ya pensando en hacer alquiler turístico, indicaron ayer, mencionando el ejemplo de Pollença. "Se genera más presión sobre recursos básicos como el agua e incrementa los residuos y los coches de alquiler que circulan por la isla".
También hay costes sociales y ya se están produciendo: acoso inmobiliario (con propietarios que quieren desalojar a sus inquilinos para hacer alquiler turístico), conflictos de convivencia (por la mezcla de usos en un mismo edificio), especulación y el encarecimiento de los precios de los pisos.
Precios elevados
Recordó que los alquileres han subido hasta un 40% en tres años, dejando a los trabajadores sin opciones de encontrar una vivienda (un problema muy acentuado en Eivissa, pero ahora también en Mallorca: esta misma semana miembros del Cuerpo Nacional de Policía admitían que rechazan venir ante la dificultad de encontrar viviendas asequibles).
Y, sobrevolando los efectos ambientas y sociales, Terraferida destaca una consecuencia global que no entienden cómo aun haya gente que niegue: la masificación. Entre las plazas hoteleras y las de alquiler turístico, estiman que en la isla hay más de 600.000 plazas turísticas, "aunque nadie lo quiera reconocer". Y ante semejante cifra, critican, hay un solo instructor para tramitar todas las denuncias por alquiler ilegal.
Cuando la próxima semana entreguen en Turismo toda la información que han recopilado de AirBNB (y que puede consultarse en terraferida.cat), el colectivo aprovechará para pedirle al Govern que "luche" contra estos fraudres, que publique una regulación que obligue a los propietarios a exponer su licencia turística en los portales web y que prohiba el alquiler turístico en los bloques de pisos.
