El pleno del Consell de Mallorca aprobó ayer por unanimidad una moción de El Pi por la que se compromete a no aumentar la superficie mínima para la construcción de nuevas edificaciones destinadas a vivienda o el cambio de uso de otras ya existentes en la próxima modificación del Plan Territorial de Mallorca. Así, en la prevista modificación del Plan Territorial de Mallorca no se incluirá ningún incremento de la parcela mínima, una cuestión que, según el portavoz insular de El Pi, Antoni Pastor, preocupaba a los pequeños propietarios.
En este sentido, Pastor resaltó que el anunció de la próxima modificación del PORT había provocado "especulaciones" y "muchos ayuntamientos han empezado a detectar un aumento de solicitudes de licencias para evitar perder el derecho de edificación" si aumentaba la parcela mínima, por lo que asumir oficialmente este compromiso por parte del pleno supone "tranquilizar a la población".
En la actualidad la parcela mínima está fijada en 14.000 metros cuadrados (dos cuarteradas) para el suelo rústico y los terrenos calificados como áreas de interés agrario y de transición, mientras que para el suelo rústico forestal y areas rurales de interés paisajístico la parcela mínima es de 50.000 metros cuadrados. El PORT se aprobó en 2004 y su última modificación procede de 2011. El Gobierno insular ya dijo que era necesario revisarlo, ante los cambios en el territorio en estos años.
El pleno también aprobó por unanimidad el nuevo Código Ético de la institución, con el establecimiento por primera vez de un régimen sancionador y la limitación de los gastos que pueden realizar los altos cargos con fondos públicos. El régimen sancionar incluye incluso la inhabilitación de aquellos cargos que vulneren de forma grave la normativa.
Código Ético
El Código Ético se ciñe a la Ley nacional de Transparencia aprobada en 2013, si bien se han sumado algunas medidas "propias" de la institución insular, según explicó el conseller de Presidencia y Participación Ciudadana, Jesús Jurado. Entre ellas, por ejemplo, está la limitación de 30 euros por persona y día para manutención en el caso de viajes oficiales. También se prohíbe la aceptación de cualquier regalo que vaya más allá de "usos habituales, sociales o de cortesía" o que pueda afectar a la neutralidad del cargo, quien deberá devolver estos obsequios o, si no es posible, incorporarlos al patrimonio público de la institución. También se limita el uso de los coches oficiales, que sólo podrán utilizarse "por motivos relacionados con las responsabilidades, funciones y finalidades del cargo".
Precios de los refugios
El pleno también aprobó de manera definitiva la modificación de la ordenanza reguladora de los precios públicos para los refugios del Consell, que no se revisaban desde 2008 y que supone un suponen un incremento de los mismos. Así, el alojamiento por persona y día costará 12,73 euros frente a los 10 actuales. Según explicó el Gobierno insular, de este modo se intenta disminuir el déficit que arrastran los refugios del Consell, que en 2015 fue de casi 450.000 euros.
