Gerardo Díaz Ferrán, quien fuera presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha presentado un recurso contra la decisión del juez Antoni Rotger, del juzgado de instrucción número 8 de Palma, que pretende llevarlo a juicio por el denominado caso Mar Blau. Se trata de una causa, centrada en la actividad de la Autoritat Portuària de Balears, en la que el juez apunta que existen indicios de que se intentó amañar la concesión de los puertos de Maó y de Eivissa. Díaz Ferrán, que en estos momentos está en prisión cumpliendo condena por varias causas, era uno de los accionistas mayoritarios de la sociedad Trapsa Yates. Esta empresa se presentó al concurso para explotar el club náutico de Maó, proceso que ganó. Sin embargo, según apuntó el juez en su auto, el entonces presidente de la APB, Joan Verger, propuso a los representantes del club náutico, que llevaba años explotando la instalación, que llegaran a un acuerdo con Trapsa, porque estaba dispuesto a renunciar al concurso. El acuerdo consistió en cederle a Díaz Ferrán y a sus socios tres amarres del muelle, más una cantidad económica. Renunciando a la explotación de esta zona de Menorca, la empresa se aseguraba la concesión del puerto de Eivissa, que era el que más le interesaba. El juez Rotger mantiene que existen evidencias de que los dos concursos se amañaron para beneficiar a determinados empresarios y en su auto denunciaba la corrupción generalizada que marcaba la actividad en la Autoritat Portuària de Balears. De hecho, uno de los directivos que con casi toda seguridad será juzgado es el expresidente de la APB, el socialista Francesc Triay. El juez señalaba que Triay, al hacerse cargo de la presidencia, fue informado del amaño de los concursos y no hizo nada para impedirlo.

Otro de los ejecutivos que será juzgado por prácticas corruptas es Ángel de Matías. El juez apunta a que participó, presuntamente, en el amaño de los dos concursos públicos. También se le acusa de haber recibido una cocina de regalo, que fue instalada en su domicilio, por una empresa que tuvo intereses en el sector náutico.

Díaz Ferrán, que antes de ingresar en prisión declaró en el juzgado de Palma en este procedimiento, no es el único de los imputados que ha recurrido la decisión del juez. Otros implicados también lo han hecho.

Estos recursos tendrán que ser resueltos por el tribunal de la Audiencia de Palma.