12 de julio de 2016
12.07.2016
Corrupción

Alía y Alabern ingresarán en prisión tras confesar el cobro de comisiones

Los exgerentes del Ibatur se declaran culpables y aceptan una pena de 14 meses de privación de libertad de obligado cumplimiento

13.07.2016 | 01:26
Bartolomé Morey, izquierda, Raimundo Alabern y Juan Carlos Alía, ayer

Juan Carlos Alía, el exgerente del Ibatur que tuvo que dimitir en 2004 por el escándalo Rasputín, volverá a ingresar en prisión tras declararse ayer culpable del cobro de comisiones por contratos con el Govern de Jaume Matas y otros delitos. Alía y la persona que le sucedió al frente del principal organismo de promoción turística de Balears, Raimundo Alabern, pactaron con la fiscalía anticorrupción sendas penas de 14 meses de privación de libertad, que serán de obligado cumplimiento.

En medios jurídicos se daba por segura la semana pasada que en esta pieza separada del caso Ibatur iba a darse una conformidad. Inicialmente, los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán reclamaban sendas penas de 10 años de cárcel para Alía y Alabern, los principales acusados.

Lógicamente el pacto conllevaba una rebaja de las condenas, pero Carrau y Subirán no quisieron sustituir en este caso las penas privativas de libertad por el pago de multas, como sí han hecho con otros tres acusados arrepentidos: el exasesor jurídico del Ibatur Miquel Àngel Bonet (en prisión por otros casos de corrupción) y los antiguos proveedores del Ibatur Bartolomé Morey –que ya desde el estallido del caso reconoció los hechos y aportó pruebas contra la trama–, y Kamal Dorai Mrabet, el suministrador de cátering para las ferias turísticas del Govern entre 2003 y 2007.

El forzoso ingreso en prisión causó así sorpresa entre los periodistas asistentes al juicio, que no esperaban esa postura firme de la fiscalía anticorrupción.

Preso en 2010

Alía en el juicio de Nóos ha conseguido un pacto con la fiscalía anticorrupción que, en caso de condena, no supondrá su ingreso en un centro penitenciario y le obligará a pagar una multa sustitutoria. El acusado, no obstante, se ha topado con la desagradable sorpresa de que la acusación popular en nombre de Manos Limpias no se ha adherido a ese acuerdo del fiscal Pedro Horrach y reclama para él una elevada condena.

El exalto cargo del Govern ya pasó unos meses en prisión preventiva por el caso Ibatur en 2010. Alía abandonó la cárcel de Palma en octubre de ese año, tras abonar una fianza. Ayer el presidente de la sección primera de la Audiencia le informó que esas semanas en la cárcel le contarán para el cumplimiento de los 14 meses.

Por otro lado, el tribunal, en vista de la conformidad de las partes y del anuncio de que no recurrirán al Supremo, dictó ayer sentencia oralmente, imponiendo las penas pactadas por los fiscales y los defensores de los acusados.

Alía, defendido por José Ignacio Herrero, reclamó ayer un aplazamiento de su entrada en prisión hasta octubre o noviembre, coincidiendo con el final de la temporada turística. El exresponsable del Ibatur trabaja ahora en un pequeño negocio turístico.

Alabern, representado por Jaume Campaner, explicó a este diario que no sabía si pedirá también un aplazamiento del cumplimiento de la condena. Ambos condenados se mostraron afectados por el hecho de tener que ir a prisión en breve.

Los dos exgerentes fueron condenados por tres delitos: cohecho (recibir sobornos); fraude (amañar contratos) y prevaricación. Por los dos primeros cumplirán sendas penas de siete meses de prisión y por el tercero tres años de inhabilitación especial.

Comisiones tras su marcha

Bonet, representado por Gaspar Oliver, pactó una pena de 7 meses de prisión que se sustituirá por una multa de 1.680 euros por fraude; mientras que Dorai, asesorado por Felio Bauzá, abonará una multa de 2.100 euros y Morey, defendido por Bartolomé Salas, dos sanciones económicas de 1.260 euros y 300 euros.

Los fiscales retiraron la acusación contra Francisca Jaume, esposa de Kamal Dorai y que también figuró como proveedora del Ibatur en esa legislatura.

Raimundo Alabern sustituyó en el puesto a Alía en 2004 y decidió beneficiar a éste con fondos del Ibatur a pesar de que ya no pintaba nada en ese instituto.

Dos fueron los sistemas para desviar fondos públicos para el exgerente: la simulación por el Govern que contrataba sus servicios para asesorías y otros menesteres y el pago por al menos un proveedor del Ibatur (Bartolomé Morey) de comisiones a cambio de contratos públicos.

Alía creó en septiembre del 2004 la empresa Amengual y Pino Consultores, de la que ostentaba el cien por cien de las participaciones sociales.

La consultora del exgerente recibió, entre 2006 y 2007, tres encargos del Ibatur por los que cobró un poco menos de 36.000 euros.

El condenado no realizó ningún tipo de servicio o asesoramiento al Govern del PP y se limitó a cobrar los fondos públicos.

Los expedientes para justificar esos pagos incluían tres conceptos: asesoramiento para aumentar los turistas alemanes en temporada baja; cóctel para periodistas especializados en Fitur 2007 (Madrid); y cena para informadores y agentes de viajes en la ITB de Berlín de 2007.

Respecto a los sobornos, el empresario Bartolomé Morey aceptó seguir pagando a Alía el 15% de cada contrato con el Ibatur, a pesar de que el segundo ya no era gerente del mencionado instituto.

Alabern y Alía pactaron repartirse esas mordidas que Morey abonaba con dinero negro o simulando contratar al segundo.

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