"Nada que añadir". La infanta Cristina, que ayer tuvo que regresar a la sala donde se ha celebrado el juicio del caso Nóos, renunció al derecho que le asistía a decir la última palabra. No quiso añadir ni una frase más a lo que ya manifestó hace unos meses en su declaración, en la que defendió su inocencia. No solo la hermana del Rey renunció a este derecho. Lo hicieron también el resto de acusados, incluidos los dos ejecutivos del instituto Nóos, Iñaki Urdangarin y Diego Torres.

Una vez concluido este trámite, el tribunal, a través de la presidenta Samanta Romero, anunció que el juicio quedaba visto para sentencia. Han sido seis meses de sesiones que han convertido a este proceso del caso Nóos en el juicio más largo celebrado jamás en Balears. Medio año en el que además del interrogatorio de los 17 acusados, el tribunal ha tomado declaración a unas 300 personas, entre testigos y peritos, que han expresado sus distintos puntos de vista sobre la trama Nóos, un caso en el que por primera vez ha sentado en el banquillo de los acusados a una representante de la Casa Real, por un presunto delito fiscal.

En la última sesión del juicio tres abogados de la defensa expusieron sus respectivos informes para pedir la absolución. El letrado que defiende al exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, justificó la decisión del político de proponer la contratación del instituto Nóos. El abogado pidió al tribunal que no criminalice la figura de Urdangarin y reiteró que por ser yerno del Rey, y esposo de una infanta de España, no supone que no ha cometido ningún crimen. El defensor, además, insistió en que precisamente el Ayuntamiento de Valencia decidió la contratación del instituto Nóos por la credibilidad que ofrecía Iñaki Urdangarin y por los contactos al máximo nivel que tenía para celebrar estos congresos sobre las ciudades. Y, además, el abogado detalló que la contratación de Nóos no fue una decisión personal de Grau, sino que fue aprobada por la junta de patronos que constituía la fundación turística de Valencia que, a su juicio, se debe regir por el derecho privado y no por el público, lo que permitiría una contratación directa, sin necesidad de concurso.

Una vez terminado el juicio empieza el trabajo de las magistradas para elaborar la sentencia. Será la presidenta Samanta Romero quien se encargará de la redacción del documento en el que quedará recogido la decisión del tribunal. Esta labor será larga y no se prevé que se conozca la sentencia hasta después del verano.