El expresident del Govern del PP Jaume Matas consiguió ayer, casi en el último minuto, ver rebajada su petición de condena por parte de la fiscalía Anticorrupción de 11 años a 5 años de cárcel tras vender su palacete de la calle Sant Feliu y dedicar la mitad del neto obtenido (865.252 euros) a devolver parte de los 2,5 millones de euros del Ejecutivo desviados por Iñaki Urdangarin y Diego Torres. De ser aceptada por el tribunal la pena de 5 años para Matas, éste tendrá que regresar a prisión.
Matas, defendido por Josep Zaforteza, consiguió el jueves cerrar la venta del piso más los anexos y garajes que poseía en la calle Sant Feliu 8 de Palma. La mansión estaba a nombre de el expolítico y de su esposa Maite Areal y sobre ella pesaba una hipoteca.
Según Zaforteza, el palacete se ha enajenado por 2,8 millones de euros, de los que se ha tenido que descontar una parte para cancelar la hipoteca y otra para el pago de los impuestos y gastos. Del neto restante, la mitad, es decir los 865.252 euros fueron consignados el mismo jueves en la cuenta de la Audiencia para hacer frente a la responsabilidad civil.
El palacete, la antigua planta noble de una casa señorial mallorquina, estaba tasado en 2,4 millones de euros y nunca llegó a estar embargado judicialmente. Matas estuvo a punto de perder la casa, en la que apenas ha residido, porque la ofreció como garantía del préstamo bancario de 3 millones de euros que obtuvo para eludir el ingreso en prisión en 2010.
Admite la colaboración
El fiscal Pedro Horrach ha acabado admitiendo que Matas, que no llegó a hacer una confesión completa de los delitos ante el tribunal, sí que "ha colaborado en el esclarecimiento de los hechos, ha asumido su intervención en los mismos y ha relevado datos trascendentes (incriminatorios) contra otros implicados"
Horrach también ha tenido en cuenta el gesto de la devolución del dinero y por eso pide a la sección primera de la Audiencia que aplique al también exministro de Medio Ambiente las atenuantes de colaboración con la Justicia y reparación del daño.
Devolver 2,5 millones al Govern
Anticorrupción solicita que Matas, Urdangarin y Diego Torres, reintegren al Govern (en los delitos relativos a Balears) un poco más de 2,5 millones y de manera conjunta. El dinero consignado el jueves por el expresident del PP balear es más o menos un tercio de esa cantidad.
Por otro lado, los fiscales Horrach y Lamas no acusan a la Infanta de ningún delito, pero sí piden su condena como responsable civil a título de partícipe lucrativo. Esta figura corresponde a aquellos que se lucran de dinero procedente de actividades delictivas, pero sin participar en las mismas y sin conocer el origen ilícito de los fondos.
La fiscalía solicitaba que la hermana del Rey devolviera a las arcas públicas 587.413 euros de responsablidad civil. La Infanta se apresuró, tras la presentación de los escritos de acusación, a consignar esa cifra.
Ayer el fiscal Pedro Horrach incluyó en su calificación definitiva la entrega de esa suma por la exduquesa de Palma.
Por su parte, la Abogacía del Estado, representada por Dolores Ripoll, pidió ayer a la infanta Cristina 163.462 euros de responsabilidad civil en el caso Nóos, como partícipe a título lucrativo de los bienes con los que se lucró su marido, Iñaki Urdangarin, al cometer presuntamente fraude fiscal en sus declaraciones de IRPF de los ejercicios 2007 y 2008.
La cantidad es algo inferior a los 168.571 euros solicitados en el escrito provisional de acusación antes del inicio de juicio, porque la Agencia Tributaria ha rebajado el cálculo de la cuota presuntamente defraudada por Iñaki Urdangarin. Ripoll imputa a Urdangarin dos delitos fiscales.
