El problema de la morosidad de las Administraciones públicas no se limita al daño que hace a las empresas contratistas, que ven como los gastos que han tenido que asumir durante los trabajos realizados no se ven compensados con los ingresos prometidos en tiempo y forma. Según lamenta el director de la asociación balear de constructores, Bartolomé Mayol, esta falta de liquidez que se genera en las empresas hace que éstas tengan a su vez problemas para cumplir con sus obligaciones con los suministradores de materiales, con las subcontratas que en ocasiones se realizan o con las propias plantillas. Es lo que se define como un 'efecto dominó'.
En este sentido, se señala que antes de la crisis este problema se paliaba pidiendo a las entidades financieras que adelantaran el dinero, al mostrar el compromiso de pago por parte de la Administración. Sin embargo, se señala que la falta de apoyo que las empresas constructoras reciben por parte de muchas entidades financieras hace que esta fórmula no sea ya tan fácil de aplicar.
Recorte de la obra pública
Estas situaciones generan el correspondiente malestar entre los contratistas, pero no son las únicas que provocan su alarma. Una de ellas es el evidente recorte en la obra pública que comienza a detectarse. Prueba de ello son los datos de los dos primeros meses de 2016, facilitados por la patronal del sector.
Entre enero y febrero de este año, el valor de la inversión en obra pública de Balears (no se incluye en esta cifra los proyectos de pequeño calado) ascendió a 10,6 millones de euros, cuando durante el mismo periodo de 2015 se habían alcanzado los 29,5 millones de euros. La caída es de un 64%.
El enfado de los constructores isleños no se queda aquí, y se extiende a las medidas que ha ido adoptando el Ejecutivo de Francina Armengol en materia de urbanismo.
