El informe con el que Carlos Delgado justificó la compra pública del Rocamar por 700.000 euros más del valor otorgado por la tasación pericial ha desaparecido del Govern. Lo exhibió en rueda de prensa el entonces conseller de Turismo del PP en 2013, sin permitir que los periodistas se quedaran una copia. Fue clave para amparar el presunto sobreprecio pagado con fondos públicos a un alto funcionario de dicha Conselleria, Josep Francesc Ensenyat, y su familia.
A día de hoy el documento no ha sido hallado donde debería estar, el expediente administrativo de la adquisición del desaparecido hotel en el Port de Sóller. En respuesta oficial a este diario, el Govern no conoce la existencia de este informe, ni dónde está.
A mediados de 2013 Diario de Mallorca destapó este caso, ahora judicializado tras una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de la actual presidenta Francina Armengol.
Acorralado por el escándalo del sobreprecio, el 14 de junio de ese año Carlos Delgado hizo una insólita comparecencia ante los medios de comunicación: el político no soltó ni una palabra y fueron tres de sus funcionarios los que defendieron la decisión política de abonar a la propiedad del Rocamar los 687.000 euros de más, según el dictamen externo encargado al arquitecto Pere González Nebreda, que estableció que el destartalado hotel solo valía 284.631 euros.
Alcover lo leyó
Con Delgado sentado en silencio a un lado, el arquitecto Bernardino Seguí, jefe del servicio técnico de la Conselleria; Bartomeu Alcover, jefe de servicios generales, y Pep Oliver, jefe de los servicios jurídicos, desacreditaron la valoración del perito.
Alcover, que en ese momento se encontraba en excedencia de su puesto en la conselleria de Turismo -fue premiado con la secretaría general del IB-Salut-, regresó a su anterior sede de trabajo para apoyar a sus dos compañeros. La hemeroteca recuerda que él se encargó de leer a la prensa el texto pergeñado in extremis 24 horas antes, para que Delgado saliera del atolladero. "Ayer por la noche lo estuvimos preparando Pep Oliver, Bernardino Seguí y un servidor", reconoció Bartomeu Alcover. Explicó que el informe lo encargó el secretario general de la conselleria de Turismo, Joaquín Legaza.
La Conselleria se negó a entregar a los periodistas el informe en cuestión. La crónica del día relata que por lo que se pudo ver, aún arrastraba tachones y carecía de membrete.
En su argumentación, los tres altos funcionarios -ahora imputados- rechazaron tajantemente que el edificio estuviera en ruina, como sostenía firmemente González Nebreda para exonerar al Govern del pago de los 687.000 euros de los gastos de demolición. "Las dos edificaciones existentes están en situación de ruina física, y muy probablemente inminente, de acuerdo con los criterios legales vigentes (...).
Complementariamente se da también el supuesto de ruina económica, por cuanto los costes de las reparaciones -en este caso se trataría de una rehabilitación integral- superan con mucho el 50% del valor de lo construido", concluía el tasador en su valoración.
"Desde el punto de vista técnico, eso no queda demostrado. No se ha demostrado que el edificio corra peligro de caerse o derrumbarse", le enmendaron la plana a González Nebreda los tres altos funcionarios ante la prensa. "Tampoco queda acreditada la ruina económica", continuaron cuestionando al tasador externo leyendo el documento ahora en paradero desconocido.
"Por mis conocimientos, que son importantes, sé positivamente que el edificio no presenta ruina física y lo puedo demostrar en cualquier sitio", tomó la palabra Bernardino Seguí. Sorpresivamente, este mismo arquitecto había certificado el 4 de abril de 2012 que el Rocamar estaba "prácticamente en ruina física".
El día de la rueda de prensa Turismo ya había formalizado la compraventa del Rocamar, por un precio de 971.671 euros. El dinero fue a parar a manos de la familia del jefe de Inspección, según la cual tenía una deuda pendiente por esa misma cantidad con el dueño del hotel, Francisco Castañer, que se canceló en el mismo acto de adquisición.
Un juzgado de Palma y Anticorrupción investigan ahora si se urdió en el departamento de Delgado un pelotazo urbanístico para beneficiar al jefe de la Inspección turística, con la connivencia de la cúpula funcionarial y política.
Otros casos de ´desapariciones´
El informe que avalaba el supuesto sobreprecio no es el primer caso con rúbrica de Bartomeu Alcover que se esfuma. En la pasada legislatura, en la conselleria de Educación se destruyó un papel comprometedor, que daba cobertura legal a la contratación ´por enchufe´ de un profesor interino de Lloseta, candidato local del PP. En esa ocasión el documento también llevaba la firma de Alcover, a la sazón secretario general técnico del departamento.
