Como si se tratara de un extraño fenómeno, el destartalado hotel Rocamar del Port de Sóller -adquirido y derribado por el Govern para convertirlo en zona verde- pasó de estar en la más absoluta ruina a rehabilitarse sin intervención humana un año después. Es lo que hay que concluir si atendemos a las afirmaciones, siempre con el membrete de la oficialidad, del arquitecto jefe del Servicio Técnico de la conselleria de Turismo.
"El edificio no presenta ruina física, y lo puedo demostrar en cualquier sitio", aseveró Bernardino Seguí en junio de 2013, exhibiendo un informe y haciendo gala de sus "conocimientos, que son importantes". El inmueble está "prácticamente en ruina física", constató por escrito el mismo alto funcionario un año antes, en un informe interno de la Conselleria al que ha tenido acceso Diario de Mallorca.
El llamativo cambio de criterio del arquitecto del Govern permitió que su compañero Josep Francesc Ensenyat, jefe de la Inspección y estrategia turística, se beneficiara con su familia de la venta del viejo Rocamar a la Conselleria donde trabajaba. Entre medias se pagó un presunto sobreprecio de 700.000 euros públicos.
El desmentido del arquitecto jefe de Turismo a la condición ruinosa del Rocamar por él certificada fue clave en la controversia que decantó el precio de compraventa. El también arquitecto Pere González Nebreda había sido contratado por Turismo para hacer la tasación externa del solar del hotel en Sóller, a los efectos de negociar con la propiedad. Y concluía: "Las dos edificaciones existentes están en situación de ruina física, y muy probablemente inminente, de acuerdo con los criterios legales vigentes (...). Complementariamente se da también el supuesto de ruina económica, por cuanto los costes de las reparaciones -en este caso se trataría de una rehabilitación integral- superan con mucho el 50% del valor de lo construido".
Solo valía 285.000 euros
El perito determinó que el valor de los terrenos era de 284.631 euros. Dejó claro que habían de deducirse el coste de demolición del inmueble, unos 687.000 euros, al encontrarse éste irrecuperable y tener que ir los gastos "obligatoriamente" a cargo del vendedor.
No obstante, Bernardino Seguí y otros dos altos funcionarios, Pep Oliver y Bartomeu Alcover, rechazaron que el edificio estuviera en ruina, por lo que desoyeron este punto y determinaron que el importe a abonar era el global de 971.671 euros. Con este su criterio, había que pagar al vendedor el valor de las edificaciones existentes.
Hoy los tres están imputados por presuntamente haberse confabulado con el jefe de Inspección turística y la connivencia del exconseller de Turismo Jaime Martínez para propiciar un pelotazo urbanístico con fondos públicos.
Acorralado por el escándalo del sobreprecio desvelado por este diario, el entonces conseller Carlos Delgado organizó una rueda de prensa insólita: el político no soltó ni una palabra y fueron los tres funcionarios citados los que dieron la cara por él y la decisión de abonar el supuesto sobrecoste de 700.000 euros, al no quedar acreditado, según los ahora investigados, el peligro de derrumbe del Rocamar.
Tras denostar el dictamen de González Nebreda, Bernardino Seguí fue un paso más allá: "Sé positivamente que el edificio no presenta ruina física y lo puedo demostrar en cualquier sitio", declaró. Era el 14 de junio de 2013.
En un informe firmado el 4 de abril de 2012, el propio Seguí establecía sin titubeos que el hotel Rocamar se había de valorar entre otros parámetros "por el estado de conservación del edificio, prácticamente en ruina física". En esa fecha Turismo aún estaba sopesando las tasaciones externas y no había empezado a negociar la compra.
En su comparecencia mediática, los tres altos funcionarios mostraron un informe redactado in extremis -"ayer por la noche", explicó Bartomeu Alcover- y del que no permitieron quedarse copia a los periodistas. Con él justificaron la interpretación interesada que el Govern hizo del dictamen de González Nebreda.
Ante el juez, este arquitecto se ha ratificado "íntegramente" en que la Conselleria solo tenía que haber pagado el valor "del suelo vacante", esto es, 284.631 euros por el hotel.
