Turismo pagó 600.000€ de más a su jefe de Inspección por el viejo hotel Rocamar

Antes de comprar el inmueble para su posterior derribo, el Govern encargó la valoración definitiva al prestigioso arquitecto Pere González Nebreda, experto en arquitectura legal y forense. De haberse atendido la recomendación de Nebreda, nunca se hubiera urdido una operación de generosas plusvalías sobre los despojos del Rocamar.

En su conclusión, el tasador resuelve: "El valor total, a efectos de su adquisición por mutuo acuerdo, en las condiciones en que se encuentra la finca del Hostal Rocamar, es de 284.631,45 euros deducidas ya las cargas pendientes de realizar y deconstrucción de las edificaciones ruinosas". El Govern desoyó al perito, abonó 971.671 euros y, para colmo, asumirá el derribo, cuyo importe supera el medio millón de euros.

A pesar de contar con una valoración muy ventajosa para los intereses públicos como la de González Nebreda, la Conselleria se obstinó en encargar dos informes más a sus funcionarios. Ambos textos despachan el asunto en un par de folios y resuelven que la cantidad idónea es la que finalmente se pagó. Uno de los dictámenes lo firma el arquitecto del Servicio Técnico de Turismo, Bernardino Seguí, "compañero" del jefe de Inspección de la Conselleria -el entrecomillado pertenece al propio beneficiario de la operación urbanística-. El segundo documento lo rubrican otros dos altos funcionarios, uno de ellos elevado a secretario general de Salud recientemente.

Cuando al conseller de Turismo, Carlos Delgado, se le ha preguntado por este asunto en sede parlamentaria, ha negado el sobrecoste. Aduce que el valor de la finca es de 971.000 euros porque no ha "sido declarada la ruina del edificio". Esa contestación podría tener validez hace unos años, pero no ahora. En 2011 cambió el Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo y ya no hace falta que haya una tramitación administrativa para concluir que el edificio es un despojo. Basta con que la "situación objetiva" así lo indique, explica a este diario el arquitecto forense González Nebreda. El experto todavía recuerda hoy lo que se encontró en Sóller: "El Rocamar está en situación de ruina inminente y se debe proceder a su derribo con la mayor rapidez posible porque es peligroso". Lo dice ahora y también cuando escribió su dictamen urbanístico de valoración donde, atendiendo a la ley, descuenta del valor del suelo (971.671 euros) los gastos del derribo (687.040 euros), que deben ir a cargo del dueño, y añade 14.231 euros más en concepto de premio de afección. Por tanto, el valor real es de 298.863 euros.

EL VERDADERO DUEÑO

Un préstamo muy extraño

Aunque los principales favorecidos por la compra del Rocamar son el jefe de Inspección de Turismo, José Francisco Ensenyat, y su familia, la propiedad de ese esqueleto de hormigón recae en Francisco Castañer, un hombre de 75 años de edad. Sin embargo, desde 2005 Francisco Castañer pinta muy poco. En aquel año, el padre del jefe de Inspección, Jaume Ensenyat, le prestó supuestamente 990.000 euros, una cifra muy parecida a la que ha acabado pagando ahora el Govern balear. A cambio del dinero, los Ensenyat se aseguraron los derechos del hostal ante una hipotética operación especulativa. Solo así se explica la presunta entrega de tanto dinero a cambio del ruinoso edificio como única garantía. O el pacto de unos intereses ridículos del 2%.

¿Cómo podía un hombre quebrado como Castañer devolver tanto dinero en un plazo de diez años? Castañer, enfermo, se resiste a hablar del asunto. "Me han arruinado", repite una y otra vez. A Castañer le bailan las cifras y las fechas. En cualquier caso, niega que hubiera recibido en 2005 los 990.000 euros acordados. "Me dijo que me ayudaría... Me dio un dinero para pagar al que tenía la llave del Rocamar. No tengo ningún papel. [...]No le he devuelto dinero al señor Ensenyat [antes de septiembre de 2012]", dice de manera deslavazada.

Con el préstamo de 2005 los Ensenyat compraron opciones de futuro. En aquella época los pelotazos urbanísticos sonaban más fuerte que los balonazos en un patio de colegio. Y vaya si acertaron con el golpeo. En aquel año, el Plan Territorial de Mallorca incluyó el Rocamar en una rocambolesca operación de intercambio de plazas con una finca de 90 hectáreas de sa Ràpita (Campos). El cambio de color político y la intervención de los fiscales anticorrupción en 2008 frustaron el negocio.

Otra vez el herrumbroso hostal no valía ni un duro. Pero no por mucho tiempo. El Govern de Francesc Antich atendió una vieja reivindicación de hoteleros y sindicatos de tirar abajo la estructura que afea el litoral solleric. En abril de 2011 se acordó adquirir el mamotreto con el dinero de la legalización de las plazas hoteleras, aunque fue el actual conseller Carlos Delgado quien ordenó el pago tras conocer la valoración de González Nebreda y los dos dictámenes estrambóticos de sus funcionarios.

NÚMEROS BAJO SOSPECHA

¿Por qué coinciden las cifras?

La operación de compraventa se ejecutó en la conselleria de Turismo el 12 de septiembre de 2012. El dueño del Rocamar, Francisco Castañer, percibió dos cheques nominativos por un importe de 100.000 y 871.671,48 euros. Ese mismo día Castañer zanjó su deuda con Ensenyat, la de 2005, bajo la supervisión del notario Julio Trujillo Zaforteza. La carta de pago y cancelación de hipoteca dice que Ensenyat recibe 871.671,48 euros "mediante transferencia bancaria". Es la misma cifra que le entregó la Conselleria a Castañer. ¿Cómo es posible tanta coincidencia? ¿El precio del Rocamar se adecuó al préstamo de los Ensenyat? ¿En 2005 se firmó una hipoteca real?

"NO HAY NADA EXTRAÑO"

Las palabras del inspector

Este diario contactó ayer con Jaume Ensenyat pero no obtuvo respuesta. Sí contestó al teléfono su hijo, beneficiario de la cancelación de la hipoteca en calidad de representado por su progenitor. José Francisco Ensenyat sostiene que no hay "nada extraño" en la operación.

"Sé que la compra del inmueble se aprobó en la anterior legislatura. Lo único que ha hecho mi padre es recuperar el dinero prestado al señor Castañer. Es así de simple", dice el jefe de Inspección de Turismo.

José Francisco Ensenyat resta importancia a la reunión celebrada en su casa el 29 de agosto, quince días antes de la ejecución de los pagos y en la que participaron el alcalde de Sóller, Carlos Simarro, el concejal de Obras, Gabriel Darder, y el director general de Turismo, Jaime Martínez. "No fue una reunión. Invité a Martínez a un café porque le conozco de cuando trabajaba en la Conselleria. No hablamos de nada en concreto", dice.