El conseller de Trabajo y Comercio, Iago Negueruela, evitó ayer avanzar las vías legales con las que pretende actuar para activar una suspensión cautelar de licencias para grandes superficies y aplicar los cambios que se tenían pactados con el Gobierno central, pero las formaciones políticas que ayer se reunieron con él dieron un avance de esta estrategia: el Govern prepara un decreto ley que contempla la adopción de ambas iniciativas, lo que permite su inmediata entrada en vigor pendiente de la posterior ratificación por el Parlament.
Según apuntaron algunos de los participantes en este encuentro, el citado decreto incluirá tanto la moratoria como la reforma de aspectos de la ley cuestionados por Madrid. Como ejemplo, se indicó que mientras que la norma balear da por denegadas las solicitudes de licencias que no sean contestadas en plazo, el Estado exige que ese silencio administrativo pase a ser positivo, es decir, suponga la aprobación de dicha licencia.
La necesidad de aprobar con urgencia una moratoria de licencias se explica porque la aceptación del recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno central supondrá con casi toda seguridad la suspensión cautelar de la ley balear, según reconoció ayer el propio conseller, lo que permitiría a las grandes empresas solicitar nuevas licencias de apertura en las islas.
Mantener el consenso
En cualquier caso, el conseller del ramo justificó su silencio respecto a la vía legal que se va a utilizar alegando que antes de adoptarla se quiere presentar al conjunto de formaciones políticas y a los representantes del sector, ya que una de las prioridades del Govern es dar una "respuesta conjunta" al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo estatal.
La necesidad de no romper el consenso que existe en torno a esta ley se debe a que cualquier medida que se adopte tendrá efectos sobre el conjunto del sector comercial, tanto empresarios como trabajadores, y sobre todos los ciudadanos de las islas, según indicó Negueruela.
En cualquier caso, insistió en el sinsentido que ha supuesto la presentación del citado recurso cuando ya se habían pactado cambios en la ley.
