La imputación del president del Govern del Partido Popular (PP), José Ramón Bauzá, en el caso Farmacias, una presunta prevaricación del Ejecutivo balear para no sacar a concurso farmacias ya autorizadas, y antes de las próximas elecciones autonómicas de mayo es algo muy improbable. El juzgado de instrucción 7 de Palma decidirá en los próximos días cuáles serán las primeras pesquisas en este caso, abierto tras la querella de un farmacéutico menorquín residente en Mallorca.
El pasado 3 de febrero la sala segunda de la Audiencia de Palma dictó un auto ordenando al juez de instrucción 7, Antoni Garcías, que admitiera a trámite la querella del farmacéutico Cristòfol Pons Servera contra Bauzá; el conseller de Sanidad, Martí Sansaloni, y el director general de Farmacia, César Vicente Sánchez.
El tribunal determinó que los hechos se tenían que investigar, pero sugirió al instructor que dilatase la imputación de los tres querellados hasta clarificar algunos extremos.
La clase política, y especialmente el PP, está pendiente de las decisiones del instructor por la posible incompatibilidad de ser candidatos en las listas electorales y la condición de imputado. Los conservadores se han impuesto la norma de que los imputados judicialmente no pueden presentarse a las elecciones. Este precepto, de aplicarse a Bauzá, le impediría postularse para renovar como president del Govern por el PP en las próximas elecciones autonómicas si se le cita como encausado por el caso Farmacias.
Respirar tranquilo
El president puede respirar tranquilo porque todo indica que Garcías no le llamara a declarar de momento y menos en plena fase preelectoral.
Existe una costumbre judicial no escrita de no encausar en épocas próximas a las elecciones para no interferir en esos procesos. También están las instrucciones de la sala segunda para que, antes de interrogar a los querellados, se cite a testigos, entre ellos el querellante y otros farmacéuticos afectados por la congelación de los concursos de las boticas.
La Audiencia también indicó al juez que debería aclarar qué autoridad del Govern es la competente para sacar a concurso las farmacias previamente autorizadas, aunque en este supuesto no se hayan convocado esos procesos.
El caso Farmacias también está relacionado con varias sentencias de la jurisdicción contencioso-administrativa.
