La defensa del exconseller de Turismo del Govern, Carlos Delgado, ha solicitado a la juez que decrete el archivo de la investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas en el proceso de adjudicación del contrato de Radio Calvià. El abogado Antoni Monserrat, que también defiende a la periodista María José Merino, exjefa de prensa de Calvià, mantiene que del análisis de todos los expedientes de contratación no se ha demostrado que se cometiera ningún delito de malversación de fondos públicos. La propuesta de archivo se ha planteado frente a la juez Carmen González, titular del juzgado de instrucción número 12 de Palma, que todavía no se ha pronunciado sobre dicha petición.

Esta solicitud de archivo va en contra del criterio de la Guardia Civil, que ha propuesto a la juez la imputación de Delgado, al entender que el proceso de adjudicación de la radio pública de Calvià suscita una serie de dudas que justifica que se cite a declarar al exconseller. Delgado, que en estos momentos vive apartado de la política y ha retomado su actividad de abogado, era alcalde de Calvià cuando se tramitó esta adjudicación. El expolítico ha llegado a cuestionar la cualificación profesional de los investigadores de la Guardia Civil, ya que considera que no tienen conocimientos de trámites administrativos y ello les lleva a conclusiones erróneas. De hecho, Delgado llegó a calificar de "torrente", el primer informe emitido por la Guardia Civil, en el que cuestionaba el proceso de concesión de la radio pública.

Los investigadores cuestionan que el Ayuntamiento de Calvià no controlara los ingresos publicitarios que recibía la radio pública, que se subvencionaba con una partida presupuestaria del consistorio. La defensa, en cambio, mantiene que las cantidades en este concepto publicitario eran tan reducidas, que no alcanzaban el porcentaje para exigir una parte de estos ingresos. El abogado Antonio Monserrat, en un anterior escrito dirigido a la juez, denunciaba el "empecinamiento" de la Guardia Civil en perseguir a su cliente y solicitar su imputación. La defensa mantenía que los investigadores malinterpretaban los errores administrativos en estos procesos de adjudicación y que por ello planteaban una sombra de duda de que se estaba cometiendo un delito de malversación de fondos públicos.

La juez, a instancias de la fiscalía Anticorrupción, ordenó el registro del Ayuntamiento de Calvià, el mismo día que precisamente Carlos Delgado contraía matrimonio. El fiscal actuó a raíz de una querella planteada por el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Calvià, que está personado en el caso como acusación popular. El PSOE ha pedido la imputación de Delgado.