El PP y UPyD evitaron ayer con sus votos que prosperase una proposición no de ley presentada por Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados en la que se instaba al Gobierno central a la “inmediata paralización” de las actividades de prospecciones de combustibles fósiles en el Mediterráneo “de acuerdo con los informes de la comisión balear de Medio Ambiente y la declaración institucional del Parlament” del pasado 11 de febrero.
La propuesta fue rechazada con 24 votos en contra y 19 a favor del resto de los grupos de la comisión de Medio Ambiente de la cámara baja, en la que la portavoz popular, María Teresa de Lara, ha acusado al PSOE de hacer y decir cosas distintas en el poder a cuando están en la oposición. De esta manera se refería a los reales decretos que conceden los permisos de investigación para detectar posibles combustibles fósiles en el Mediterráneo, firmados en 2010 por el entonces ministro socialista de Industria, Miguel Sebastián.
La diputada ibicenca del PSOE, Sofía Hernanz, que actuó de portavoz del grupo socialista, calificó de “incomprensible” el voto del Partido Popular, teniendo en cuenta su discurso en las islas: “No se puede entender que en Balears defiendan una cosa y en Madrid otra; y es aquí, en Madrid, dónde se va a decidir si las prospecciones van adelante o no”. La diputada del PSOE lamentó que “vemos como una y otra vez el PP se dedica a marear la perdiz, y allí dónde se deciden las cosas vota sí a las prospecciones”.
Por su parte, el diputado nacional y portavoz del PP de Balears, Miquel Ramis, reiteró ayer la “oposición frontal” del Partido Popular a las prospecciones petrolíferas “como hemos repetido en innumerables ocasiones”. Además defendió que, “al contrario de lo que ocurre con los partidos de izquierdas, para los que el dinero público no es de nadie, nosotros queremos que cuando se paralicen las autorizaciones concedidas la legislatura pasada, se haga sin pagar indemnizaciones”.
Al respecto, Ramis recordó que la paralización inmediata, como pedía la iniciativa de Izquierda Plural debatida ayer en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, supondría pagar unas indemnizaciones cuya cantidad podría superar los 83 millones, ya que “la empresa seguramente nos reclamaría el lucro cesante correspondiente”.
Por ello, Ramis reconoció que “lo más responsable y sensato” sería esperar al informe de impacto medioambiental, que de resultar negativo, anularía cualquier autorización que se hubiese dado para llevar adelante sondeos en aguas de Baleares.
No obstante, por la tarde, en el Senado, el ministro de Industria, José Manuel Soria, admitió a preguntas del senador socialista Francesc Antich que la empresa interesada en realizar las prospecciones sísmicas en tres dimensiones en aguas baleares no sabe aún qué yacimientos de hidrocarburos podría albergar la zona por lo que, si se le impidiese realizar estos sondeos ahora, tan solo habría que abonarle como indemnización unos 410.000 euros, que es lo que la empresa petrolífera ha invertido en el proyecto hasta el momento. De esta manera, Soria habría admitido que la petrolífera no podría reclamar el pago de un lucro cesante porque sencillamente desconoce cuál sería la cuantía de este lucro sin realizar estas prospecciones.
De esta manera, el propio ministro Soria habría desmentido a su correligionario Ramis que reiteró que sin esperar un informe de impacto medioambiental negativo que anularía cualquier autorización concedida para realizar estas prospecciones a la empresa habría que indemnizarle con los mencionados 83 millones de euros.
Por último, Antich recordó a Soria la declaración institucional del Parlament contra las prospecciones y le emplazó a que escuche las demandas del Govern y estudie todas las alegaciones presentadas contra estos sondeos.
