El error de la consellera Camps de hablar del Informe Trepitja en lugar del Informe PISA la perseguirá durante bastante tiempo. El sindicato STEI-i se ha adueñado de la nomenclatura creada por la máxima responsable de la educación en Balears y ayer presentó su particular Informe Trepitja, que recoge 14 "pisotones del Govern a derechos, servicios y libertades". El informe se centra en la educación y se han elaborado un millar de ejemplares que se repartirán en los centros educativos.

El informe empieza refiriéndose a los derechos lingüísticos de los catalanoparlantes. En este sentido, el STEI-i acusa al Govern de haber roto el consenso en materia lingüística y de no solo no proteger la lengua propia, una de la misiones que le encomienda el Estatut, sino de atacarla directamente, según narró la responsable de política educativa del sindicato, Antònia Font. También critican que Bauzá, "con la excusa de fomentar las modalidades insulares", lo que en realidad persigue es "romper la unidad de la lengua catalana".

Asimismo, denuncian que ni la conselleria de Educación ni el ejecutivo en general confía en la profesionalidad de los docentes, algo que creen que queda probado por declaraciones como las de la diputada Aina Aguiló, que aseguró que 2.000 profesores hacen política en las aulas.

Denuncian que el Consolat de Mar pisotea también derechos como el de ir a la huelga (recuerdan el artículo del diputado Antoni Camps que aplaudía que con la huelga se sabía "con nombres y apellidos" quienes "juegan con los alumnos" y también los "abusivos servicios mínimos") y también el de manifestación (indican que el president redujo la protesta del 29S a un movimiento de "gente manipulada por el pancatalanismo").

El sindicato pretende también sacar los colores al Ejecutivo autonómico denunciando cómo ha ignorado recomendaciones del Consell Consultiu y ha seguido adelante con la aprobación de la ley de Símbolos, lo que consideran una prueba de la manera de gobernar "despótica" del president. Asimismo, creen que queda probado el poco respeto del PP por las sentencias judiciales, ya que no dudaron en elaborar un decreto ley urgente para sortear la sentencia del TSJB que suponía la paralización de la aplicación del TIL a una semana de que comenzara el curso. También creen que se ha pisoteado la autonomía de los equipos directivos y de los consejos escolares al obligarles a aplicar proyectos lingüísticos con los que no estaban de acuerdo y consideran que con esta actuación se demuestra que el Govern incumple la normativa estatal. El Informe Trepitja incluso recoge que el Ejecutivo pisa hasta sus propios proyectos, como la libre elección de lengua, que se ha aplicado "de forma confusa" y que ahora con la aplicación del TIL en Infantil ha dejado de tener sentido.

Font señaló que el documento que han elaborado busca concienciar también a la población general de cara a futuras movilizaciones y también de cara a las próximas elecciones. "Para que la gente sepa quién es responsable del caos y que entienda que su voto es importante", señaló la portavoz, que admitió estar lanzado un mensaje ya a nivel político y social: "Todo está politizado", concluyó.