Alguien debió de haber calumniado a Josef K., porque sin haber hecho nada malo, fueron a detenerlo una mañana". Así comienza El proceso de Franz Kafka (1883-1924). El protagonista, un gris empleado de banca, es apabullado, disminuido, humillado por un sistema cuya estructura y funcionamiento ni siquiera atisba a comprender. Josef K. no cuenta ni con sus teóricos aliados para demostrar su inocencia. El aparato del Estado le coloca en una posición de la que no puede escapar. Su situación es, obviamente, kafkiana. Su destino, una ejecución durante la que asume que es en algún modo responsable de una culpa desconocida.

¿Cuántos ciudadanos se han sentido en algún momento como un Josef K.? En las dictaduras, muchos. España conoció una etapa en la que los militantes de izquierdas detenidos en la dirección general de Policía, ubicada en la Puerta del Sol de Madrid, saltaban voluntariamente por las ventanas. Ya en democracia, algunos de los poderes del Estado siguieron actuando al margen de la ley. Segundo Marey es lo más parecido a Josef K. que ha dado la democracia española. Un ciudadano francés fue secuestrado por los GAL, un grupo terrorista que la posterior investigación judicial demostró que formaba parte de las cloacas del Estado. Decían que Marey era etarra, él sabía que no, pero sus raptores, manejados desde el ministerio del Interior del gobierno de Felipe González, tardaron diez días en aceptar la verdad.

El sistema siempre se ha mostrado eficaz cuando ha tenido que hundir a un ciudadano. También es eficiente si de lo que se trata es de que se pierda en el laberinto indescifrable de la administración.

Sin embargo, ahora estamos ante una versión de las ideas kafkianas que ni el propio Kafka fue capaz de aventurar. Es El proceso vuelto del revés. La maquinaria del Estado puesta al servicio de la defensa de un ciudadano notable frente a la acción de la Justicia. Conocíamos algunos destellos, pero nunca como en el caso de Cristina de Borbón se había destapado con tanta claridad. Como en El proceso, algunos de los protagonistas son difusos, no se les distingue con claridad. Otros parecen estar en el bando de quienes intentan que se haga justicia, pero en realidad trabajan para la otra parte, para aquellos que pretenden eludirla.

El primer síntoma se detectó cuando la fiscalía decidió oponerse a la imputación de la Infanta y dejó de ejercer como acusación para convertirse en defensora. Pero fue en la noche del jueves cuando quedó al descubierto que quienes rechazan que el juez Castro investigue a la hija del Rey juegan fuerte y con armas poderosas. A las nueve de la noche, la cadena Ser anuncia en exclusiva que la Agencia Tributaria de Cataluña "ultima" un informe que concluye que Cristina de Borbón no ha cometido delito fiscal. A la misma hora, Tele 5 relata una exclusiva similar. Al día siguiente, periódicos como Abc o La Razón sirven la misma noticia a sus lectores. El jueves el informe de Hacienda aún no ha sido encargado por el juez. De hecho, desconocemos físicamente el documento al que se alude. Este día a esta hora ya existe la certeza en medios judiciales de que José Castro firmará el viernes un auto mediante el que solicita a la Agencia tributaria una investigación a fondo de las cuentas de Cristina de Borbón. Todavía no ha comenzado la investigación y alguien ya se dedica a proclamar su exculpación.

¿Quién ha sido?, ¿la Casa del Rey?, ¿la Agencia Tributaria?, ¿Montoro?... Cualquiera de ellos o algún otro. Directamente o por persona interpuesta. El objetivo de la maquinaria del Estado es la protección de la ciudadana Borbón.

Quienes conocen al juez Castro aseguran que era plenamente consciente del lío en el que se metía cuando comenzó a investigar la pieza del caso Palma Arena referida a Nóos. Aun así, aunque sea fuerte y tenaz, Kafka puede serle de ayuda cuando sentencia: "No desesperes, ni siquiera por el hecho de que no desesperas. Cuando todo parece terminado, surgen nuevas fuerzas. Esto significa que vives".