La imputación de la Infanta Cristina en el escándalo que debiera llevar su nombre sólo ha sorprendido a quienes pensaban que ya estaba imputada. Por tanto, hay que relativizar el peso de la sentencia absolutoria de la hija del Rey bajo formato de recurso, emitida por el Fiscal General del Estado bajo el aspecto de Pedro Horrach. En una pieza deplorable pagada con fondos públicos, la fiscalía del Gobierno no sólo exculpa a la socia de Ignacio Urdangarin y beneficiaria de sus manejos, sino que aprovecha para desimputar a García Revenga y allanar la defensa de Urdangarin con todos los pronunciamientos favorables. Con acusadores así, Ana Mato puede respirar tranquila. Como se quería demostrar.
Existían formas dignas de contradecir el auto en que el propio juez Castro admitía su cambio meridiano de opinión. No se precisaban veinte folios de contumaz asalto a la inteligencia, donde a menudo se hace difícil distinguir entre la ignorancia y las mentiras. Verbigracia, cuando los torpes redactores desvinculan a Cristina de Borbón de su amigo de la infancia Pepote Ballester, testigo de la boda principesca, clave en la gestación del matrimonio Urdangarin y de los manejos económicos que ha confesado. Un error histórico que es imposible atribuir a Horrach, y que ilumina sobre la autoría real de las alegaciones.
La fiscalía del PP quiere archivar todo el caso. Miquel Roca debiera denunciar al ministerio público por invasión de competencias, aunque el padre de la Constitución sólo defiende al padre de la novia, al Rey. Las hilarantes alegaciones no se resisten a esta terminología de prensa rosa, en su afán por exculpar a todos los implicados. ¿Cómo leer sin un pañuelo a mano y las pupilas humedecidas el fragmento sentimentaloide en que se advierte que "el hecho de que un padre comente o no a su hija pertenece al ámbito estrictamente privado"? Excepto cuando el padre es el Jefe del Estado y su hija la principal beneficiaria de una trama de saqueo del Estado susodicho sin precedentes, expolio al que se refiere el comentario "estrictamente privado".
En la inevitable confesión personal, me declaré públicamente contrario a la imputación de Cristina de Borbón, antes de la segunda declaración de Diego Torres que altera radicalmente la instrucción y que se está demostrando coherente en las verificaciones sucesivas. Por ello, adopté la posición neutral después del auto de Castro. La colección de despropósitos que amontonan las alegaciones de la fiscalía general del Estado -con escasos precedentes incluso entre los textos jurídicos- me convierten en un fanático de la imputación de la Infanta. Con todas las garantías, de que fueron privados los contribuyentes que han pagado su palacete de diez millones y gastos adyacentes. Omitir que la hija del Rey no sólo posee la mitad de la sociedad Aizoon, adonde se canalizaban ingresos filantrópicos, sino que además era secretaria de la misma, define el tono de omisión culpable que caracteriza al recurso.
Como un excelente melodrama, el escrito que pretende arruinar la instrucción del caso Nóos alterna la emotividad paternofilial con carcajadas que se desparraman desde el primer folio. Sostiene la fiscalía de Madrid que "se ha tomado a lo largo de la instrucción declaración a todos", desde "empleados" a "proveedores, asesores contables, responsables políticos y funcionarios". Con sumo respeto, y cuando dejamos de reír, "se ha tomado declaración a todos" menos una. Al presumir de la exhaustividad de la investigación que ahora pugna por aniquilar, el Fiscal General está destacando por ausencia la figura clave, otra vez la hija del Rey. De hecho, en otra omisión con pretensiones de engañar al lector, se guarda de recordar que se ha tomado declaración a toda la cúpula de Nóos excepto a la Infanta. Qué casualidad, en medio de tanto detalle.
El patetismo del recurso brilla con singular mediocridad en su voluntad aforística. La burla a los ciudadanos, a través de un juez de instrucción, invita a sus autores a introducir cuchufletas moralizantes, del tipo de "El procedimiento judicial persigue la búsqueda de la verdad material, no de ajustarla a expectativas o sospechas personales, deformándola". Con palabras así reacciona Belén Esteban, cuando la acusan de reconciliarse con su marido. Es decir, Castro no sólo es reo de pretender que la justicia sea igual para todos, sino que además ha destruido una familia, por corrupta que pudiera ser. Postrarse ante La Zarzuela es más importante que la verdad, porque en ningún momento propone el Fiscal General que la inocentísima Infanta declare como testigo, dada una proximidad a los hechos que ni el propio recurso sabe neutralizar.
La pelota queda en el tejado de la sección segunda de la Audiencia de Palma, la institución más acreditada en la lucha contra la corrupción. Si se deniega la imputación, los beneficiarios de Bárcenas pueden respirar tranquilos. Como se quería demostrar.
