Romero pidió a Urdangarin que dejara de hacer negocios

En su declaración como testigo ante el juez del caso Nóos, José Castro, el conde de Fontao afirmó que en 2006 se enteró de las actividades de Urdangarin y que consideró que no encajaban con la ética de la Casa Real, por lo que se dirigió a él para que cesara en ellas.

Con ello, el asesor jurídico de la Casa del Rey pretendía evitar que Urdangarin "enseñara la tarjeta" para obtener contratos públicos y privados "por ser quién es", según ha dicho.

En concreto, dudó de la fórmula jurídica de Nóos (asociación sin ánimo de lucro) y de su labor de consultoría, ya que consideraba que podía acarrear actividades mercantiles en las que no debía participar.

No obstante, Romero puntualizó al juez que no dudaba de la licitud de las actividades de Urdangarin, pero que las mismas podían ser contrarias a las pautas institucionales de la Casa del Rey, ya que sus miembros no se pueden aprovechar de su situación de privilegio institucional para labores que serían aceptables en cualquier otra persona.

A su salida de los juzgados, el conde de Fontao declaró a los periodistas que se encontraba "muy satisfecho" de su declaración y que "en ningún caso" su testimonio puede dañar a La Zarzuela ni afectará a su continuidad como asesor.

Además de José Manuel Romero, tambén testificó ante el juez el exconseller valenciano y vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, quien afirmó que con su firma en un convenio entre el Instituto Nóos y la Generalitat Valenciana no se pagó "ni un euro público" a la entidad de Iñaki Urdangarin, ya que de lo contrario se habría "pensado mucho más" rubricarlo.

Tras declarar ante el juez con relación a un convenio por 382.203 euros para que la entidad organizara en Valencia los Juegos Europeos 2006, González Pons subrayó a los periodistas que había renunciado al derecho que le asiste como diputado a declarar en su despacho porque es momento de que los políticos estén en estos tiempos "a pie de calle" o "a pie de juzgado".

Sobre el convenio que se investiga entre el Ejecutivo valenciano y Nóos para organizar un evento que finalmente no se hizo, reconoció que si bien es verdad que su firma figura en él, fue porque hubo un "acuerdo previo" del Gobierno autonómico.

"Porque yo firmara el Instituto Nóos no recibió ni un solo euro de dinero público, porque si con mi firma hubiera habido la posibilidad de que se hubiera pagado un euro público, a lo mejor me lo habría pensado mucho más", añadió.

Fuentes jurídicas explicaron que González Pons ha destacado al duque de Palma como el único cabeza visible del instituto y que era determinante para darle más peso y más categoría a la entidad.

Tras las declaraciones, el abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, dudó de la "verosimilitud" de las noticias que apuntan a la hipotética imputación en las próximas semanas de la infanta Cristina en el caso Nóos. "No se si me merecen verosimilitud, pero sigo sin ver por qué", ha declarado.

El exdirectivo del Instituto Nóos Antonio Ballabriga sostuvo ante el juez que Iñaki Urdangarin siguió "al tanto" de las actividades en esa entidad, entre ellas la celebración de unos juegos europeos en Valencia, que nunca se celebraron, después de que supuestamente las abandonara en 2006.

Ballabriga explicó que, después de que Urdangarin supuestamente dejara el Instituto Nóos, se reunió unas tres o cuatro veces con él, ya que "seguía al tanto" de las actividades que se desarrollaban.

El empresario José María Treviño, al que se investiga si efectuó labores como testaferro para derivar fondos a paraísos fiscales para el duque de Palma, se limitó a indicar a los periodistas que había contestado a las preguntas y que él no tenía "nada que ver" y destacó que venía como testigo y "salgo igual".