Los partidos de la oposición llevan semanas reclamando sin éxito al Govern y al Parlamento que se les permita acceder a la declaración de bienes y actividades de José Ramón Bauzá, para corroborar si ha incurrido en incompatibilidades al simultanear su cargo público con la administración de sus dos empresas privadas.
Curiosamente, mientras las dos instituciones controladas por el PP balear "ponen trabas y entretienen" €PSOE y PSM dixit€ para no entregar la documentación, los ´populares´ prevén autoimponerse un duro paquete de medidas para "seguir retirando la maleza del camino de la transparencia" en el próximo congreso regional, que celebrará los días 1 y 2 de junio, hasta el punto de que sus cargos deberán poner a disposición del partido una declaración de intereses como la requerida a Bauzá, y ello aunque no estén obligados a hacerlo legalmente.
La ponencia de estatutos que será refrendada en el próximo cónclave estipula que "todos los cargos públicos y orgánicos del Partido Popular", así como "todos los integrantes de listas electorales, sea cual sea su ámbito, habrán de suscribir la Carta de Compromisos", una especie de código "de obligaciones de contenido ético y deontológico". Entre otras exigencias, éste contempla "el compromiso de poner a disposición del comité de derechos y garantías, cuando este se lo requiera, la declaración de bienes y actividades que por razón del cargo público están obligados legalmente a depositar en la institución correspondiente".
Declaración de patrimonio
Pero el documento va mucho más allá, y señala que "en el caso de no tener esa obligación", por no requerirlo la institución para la que ha sido nombrado, el cargo en cuestión "se comprometerá a hacer una declaración formal de bienes y actividades, que hará llegar al comité cuando le sea requerida y que comprenderá, al menos, los bienes, derechos y obligaciones patrimoniales que posea; los valores o activos financieros negociables; las participaciones societarias; el objeto social de las sociedades de cualquier clase en las que tenga intereses personalmente", y "las sociedades participadas por aquellas otras que sean objeto de declaración, con señalamiento de sus respectivos objetos sociales".
Bauzá, al que la izquierda acusa ahora de haber conjugado sus negocios particulares al tiempo que es presidente del Govern, requiere que los cargos públicos e internos del PP "separen claramente en su actuación lo público de lo privado, y distingan decididamente las actividades públicas de las privadas y las de partido". Por si no les queda claro a los afectados, en otro punto se les advierte de que "tendrán que abstenerse de toda actividad privada que pueda suponer un conflicto de intereses con el ejercicio de su función, y no aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja".
Tras ser desvelado por este diario que era socio y administrador de una vinoteca y una empresa de comercialización de productos sanitarios €pero que en realidad se dedica a arrendar locales€, Bauzá aseveró por su cuenta y riesgo en un comunicado: "No he incurrido en ninguna causa de incompatibilidad ni como diputado ni como presidente del Govern". Tamaña afirmación choca con la normativa vigente, pues Bauzá ha sido oficialmente administrador de la primera sociedad hasta hace unos días, y lo continúa siendo de la segunda, aunque en todo caso serán probablemente la Justicia la que esclarezca la cuestión, pues el PSM ha anunciado que acudirá a los tribunales. Sea como sea, el presidente del PP exigirá ahora a los suyos que "cumplan estrictamente el régimen de incompatibilidades previsto en las leyes, no dedicándose, por sí ni por persona interpuesta, a actividades que puedan vulnerarlo".
Recordar las consecuencias
Por si fuera poco, el PP obligará a presentar una "declaración jurada de que, en el momento de suscribir" el código ético mencionado €antes ser nombrado cargo público€, "no existe ninguna causa jurídica que le inhabilite para ser designado, ni concurre situación alguna de conflicto de intereses con el ejercicio de su función. En la Carta de Compromisos se recordará la sujeción al régimen de incompatibilidades previsto en la legislación vigente y las consecuencias de su incumplimiento, tanto las de carácter administrativo, como las que se deriven del Reglamento de régimen disciplinario del Partido Popular".
Al hilo de la conocida cita clásica que pregona que la mujer del César no solo debe ser honrada, sino parecerlo, Bauzá considera que todos los que ostenten un cargo público del PP "han de observar la máxima ejemplaridad, rigor y exigencia en el desempeño de sus funciones, velando siempre por el interés público y el servicio a los ciudadanos, y absteniéndose de cualquier conducta que, aún siendo plenamente legal, pueda dañar la imagen u honorabilidad de la organización a la que pertenecen".
"La transparencia es una condición esencial" que debe regir la acción política de los ´populares´, de ahí que en otra de las ponencias, en este caso la política, el PP se marca como hitos "la publicación y plena accesibilidad a los sueldos públicos de los representantes electos del PP balear, un sistema accesible de información a expedientes administrativos, en favor del derecho de información pública conforme a la legalidad". También creará " un registro público y accesible de subvenciones públicas para que exista total transparencia en el acceso y conocimiento de las cuantías, beneficiarios y procesos de adjudicación".
Imputados
Antes de las elecciones que le dieron la victoria, José Ramón Bauzá provocó una auténtica hecatombe en el PP balear al vetar a los imputados de sus listas. En este sentido, los nuevos estatutos requerirán "el compromiso de comunicar a la dirección del partido la apertura del procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito, y de poner a disposición el cargo público u orgánico que desempeñe cuando el comité nacional [sic] de derechos y garantías considere que su permanencia en el mismo daña a la propia organización o a la institución pública".
