La economía balear parece haber tocado tierra por fin, tras años de caída, pero para remontar el vuelo va a necesitar, entre otras medidas, que la Administración reduzca su déficit y aplique un sustancial recorte en su red de empresas públicas, según advirtió ayer el director del Centre de Recerca Econòmica (CRE), Antoni Riera. La exigencia de rebajar el actual número de sociedades públicas se explica por su "ineficiencia" y ante la necesidad de afectar lo menos posible a las inversiones que se realizan en áreas más importantes para la competitividad de las islas.

Este problema alcanza unos niveles especialmente graves en Balears, al tratarse de la comunidad autónoma, junto con Castilla-La Mancha, que durante el primer trimestre de este año registró el déficit más alto del país. Por ello, Antoni Riera defendió la urgente necesidad de que el Govern reequilibre esta situación, como una de las condiciones por las que debe pasar la recuperación de la economía de las islas.

El director del CRE (organismo dependiente de Sa Nostra y la Universitat) reconoció que en el actual momento de crisis económica, y con la caída de los ingresos que se ha registrado, la política presupuestaria de las Administraciones "está entre la espada y la pared", pero subrayó que existe un cierto margen de maniobra.

Inversiones necesarias

Al respecto, afirmó que no todos los recortes presupuestarios tienen los mismos efectos sobre la economía. Por ejemplo, destacó que hay inversiones que son necesarias para mantener el nivel de competitividad y para atraer nuevas inversiones, como pueden ser las vinculadas a la educación y la sanidad, y aquellas dirigidas a los aeropuertos o al saneamiento de aguas, por citar algún ejemplo, por su directo impacto sobre el primer motor de la economía de las islas, como es el turismo.

Sobre este punto, Riera añadió que las islas "tienen un stock de infraestructuras públicas inferior a la media estatal", de ahí que se declare contrario a la aplicación de recortes indiscriminados en materia de inversiones, pese a ser uno de los capítulos que permiten una mayor flexibilidad.

Por ello, señaló a la extensa red de empresas públicas que se ha creado durante los últimos años como frente en el que resulta más adecuado aplicar los recortes, una vez se ha demostrado su escasa eficiencia. En este aspecto, no dudó en afirmar que "se han convertido en un lastre horroroso" para las cuentas de la Comunitat Autónoma.

Cabe recordar las informaciones publicadas por DIARIO de MALLORCA durante los últimos días, en las que se ha destacado la existencia en esas empresas de 1.600 consejeros con retribuciones de hasta 900 euros por reunión, el encargo de estudios con un coste de 100.000 euros que hubieran podido ejecutar los funcionarios sin ningún sobrecoste, la presencia de más de 400 altos cargos con salarios de hasta 80.0000 euros, las contrataciones irregulares que se realizan, y su elevado endeudamiento, entre otras muchas deficiencias.

Antoni Riera defendió que queda "mucho camino por hacer" a la hora de aplicar una reestructuración del sector público en esta materia, y defendió que se trata de una reforma que debe plantearse en el medio plazo y con carácter estructural.