El presidente de la Federación de Empresas Náuticas de Balears (FENIB), Bartomeu Bestard, ha asegurado hoy que las concesionarias de las 19 estaciones náuticas del Estado en Baleares, no están invirtiendo entre 200 y 300 millones en ellas por la incertidumbre de depender de una concesión que caduca en 2018.

Bestard ha explicado hoy que, al igual que ocurre en esas instalaciones, el sector náutico balear está dejando de ingresar otros muchos recursos por estar sometido a una política fiscal que ha calificado de "errática", "desenfocada" y "perjudicial" para España en relación a otros países europeos, y a un régimen jurídico disperso entre la legislación estatal y la autonómica.

En un encuentro con medios de comunicación organizado por la Cámara de Comercio de Mallorca, el presidente de la FENIB ha asegurado que el sector "no es tenido en cuenta por el Govern" a pesar de constituir una oportunidad única de desarrollo económico por su fuerte potencial y ha reclamado "un marco legislativo valiente, que plante cara a Madrid y solvente los problemas de Baleares".

"El Govern siempre dice que está apoyando pero luego, actuaciones concretas, no las visualizamos", ha criticado Bestard, que ha citado como ejemplo que Ports de les Illes Baleares ha tramitado el reglamento que desarrolla la Ley de Puertos en Baleares, "sin reunirse ni consensuarlo en ningún momento con el sector".

Sobre el ejemplo de las 19 estaciones náuticas propiedad del Estado, Bestard ha explicado que el Govern está legitimado por el Estatut para reclamar la competencia de su gestión, lo que permitiría "dar futuro a las empresas que en la actualidad tienen la concesión, de forma que se producirían inversiones, se generaría empleo y en definitiva la comunidad recaudaría más".

En opinión de Bestard, el problema más acuciante para el sector náutico balear es la existencia del llamado "impuesto de matriculación", de competencia estatal, que encarece el coste de las embarcaciones de más de 8 metros en un 12%, lo que resta competitividad respecto a países como Malta o Italia que carecen de esta carga impositiva.

El presidente de la patronal ha explicado que este impuesto penaliza a los propietarios de embarcaciones, que rechazan adquirirlas y matricularlas en España, pero también a las empresas de chárter náutico, por lo que al final afecta a todo el sector, incluido empresas de mantenimiento y reparación.

El presidente de la patronal ha explicado que los últimos datos disponibles sobre la matriculación de embarcaciones en Baleares son "ridículamente bajos", algo que atribuye a este impuesto. En 2009 hubo 126 matriculaciones de barcos de este tipo en Baleares, que generaron 1,5 millones de ingresos en impuestos; cifras que, en su opinión, se multiplicarían si fuera eliminado o reducido.

La presidenta de la Asociación de Empresas Náuticas de Baleares, Margarita Dahlberg, ha recordado que, por ejemplo en Cataluña, este impuesto está subvencionado en un 30 % por la administración.

Otra reclamación del sector es que se reordenen las instalaciones del Puerto de Palma -hasta que sea posible su ampliación una vez superada la crisis-. Piden que el espacio destinado a transporte de mercancías, que ahora no se utiliza para contenedores al haber sido reemplazado por transporte rodado, se conceda a la industria de reparación.

Bestard ha incidido en que hay otras amenazas que "imposibilitan un crecimiento razonable del sector náutico que impulsaría la economía balear", entre las que ha mencionado "un marco legislativo hostil y marcado por los prejuicios" que relacionan la náutica con "los ricos", sin tener en cuenta el empleo y los ingresos que genera.

La presidenta de la Federación de Empresas de Chárter Náutico, Cristina Sastre, ha señalado que la discriminación del sector náutico comienza por una definición que lo sitúa en el ámbito del transporte "cuando debería ser entendido como una actividad turística y deportiva".

El sector ha reclamado además promoción turística de la náutica y estar representados en los consejos de Administración de Ports de les Illes Balears y la Autoridad Portuaria de Baleares "porque ahora mismo el sector está detrás del 50 % de los ingresos de la APB".