La empresa pública Ibisec, que pertenece a la conselleria de Educación y Cultura, estaba atravesando una difícil situación económica. Y sin embargo, Matas, a través del conseller Fiol, la obligó a que asumiera el proceso administrativo para justificar la contratación de Calatrava. El día 29 de marzo de 2007 el contable de Ibisec, Mateo Sunyer, remitió un escrito al secretario general de la conselleria de Educación y Cultura. Con este escrito enviado a Andreu Obrador le solicitaba una dotación económica de 6.299.948 euros que correspondían a la gestión y a las deudas que arrastraba la empresa pública. El contable desglosaba que se precisaban dos millones de euros para inversiones en centros educativos, 1.800.000 para pagar deudas por la construcción de infraestructuras y el resto para inversiones correspondientes al año 2006. Diez días antes de que formalmente se presentara este escrito el propio Consejo de Administración del Ibisec había aprobado solicitar un préstamo bancario, con aval del Govern, de cinco millones de euros para hacer frente a las deudas.
El escrito del fiscal detalla que el documento del contable se remite casualmente el mismo día que el conseller Fiol defiende este proyecto ante el Consell de Govern, pese a que la empresa pública no se había planteado con anterioridad hacerse cargo de la contratación de Calatrava. De la cantidad solicitada, el Govern otorga 5 millones, pero incluye los 1,2 millones que cuesta el proyecto de la ópera. Para Anticorrupción la elección del Ibisec no fue gratuita, sino que se hizo porque los controles de legalidad en una empresa pública no suelen ser muy exhaustivos. Además, le permitía a Matas dar la apariencia de que su proyecto respondía a un interés público, sobre todo cuando esta empresa negocia la construcción de escuelas. Y además, su nombre no aparecía en ningún momento del proceso de contratación.
