Cuando la crisis financiera mundial se cocía en su propia salsa a mediados del año 2008, en Balears había 53.900 personas en nómina de las distintas ramas de la Administración pública. Tres años y miles de dramas personales en forma de paro después, la plantilla de trabajadores públicos se ha elevado hasta los 73.200. Y eso es un 35% de incremento, el mayor de un Estado al que ahora no le salen las cuentas. Aunque no por culpa de Balears. Ni de sus funcionarios. De hecho, pese al incremento, las islas siguen estando a la cola de España en el número de trabajadores públicos por habitante: quedan muchos años de financiación autonómica insuficiente por recuperar. El problema es que el refuerzo de la plantilla llega en el momento en el que más apreturas sufre la caja pública y en el instante en que más impopular es la contratación de trabajadores públicos. Algunas cifras explican la impopularidad. Por ejemplo los 2.263 millones de euros que cuesta cada año pagar las nóminas de los trabajadores públicos baleares. Una cifra tan gruesa que cada año equivale al sueldo de cuatro meses de los los 426.039 trabajadores de los sectores privado y público que hoy cotizan en la comunidad: 5.311 euros. Y eso pese a años de congelación salarial y al descenso del 5% aplicado este verano a los funcionarios, que recuerdan que ellos también están pagando una crisis que empezaron otros.
