El Govern cumplió ayer con la agenda prevista y aprobó los tres proyectos de ley de medidas para la reducción del déficit público, incluyendo el incremento de impuestos autonómicos para las rentas más elevadas a pesar de ser consciente de que esta subida será con toda probabilidad rechazada en el Parlament al oponerse el PP y UM. Tanto el proyecto de ley con estas medidas tributarias como el de la creación del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente se tramitarán en la Cámara por la vía ordinaria. En cambio, el paquete de recorte del gasto público balear en 103 millones de euros se llevará el próximo martes al pleno para su aprobación por lectura única.
Estos recortes superarán la votación parlamentaria, dado que UM ya ha anunciado su apoyo, imprescindible ante la situación de minoría con la que gobierna el Ejecutivo del Pacto. No obstante, el conseller de Economía y Hacienda, Carles Manera, confió ayer en que también el PP facilite esta aprobación, aunque sea absteniéndose. Fiel a su estilo, Manera afirmó que los "imputs" (informaciones que le llegan) permiten confiar en este resultado.
Otra cuestión son las medidas fiscales. La creación del nuevo tributo medioambiental se podría aprobar con el respaldo de UM, pero la subida de los impuestos autonómicos ya cuenta de entrada con el anuncio del voto en contra por parte de populares y uemitas. Aunque Manera afirmó que se seguirá negociando con los partidos de la oposición, parece poco probable que consiga hacerles cambiar de idea, en especial al PP cuyo líder nacional, Mariano Rajoy, dejó ayer claro que no apoyará ninguna subida de impuestos. En concreto, Rajoy sostuvo que ninguna comunidad del PP seguirá la línea de la "lluvia de impuestos" que están auspiciando las comunidades gobernadas por el PSOE, como es el caso de Balears.
El incremento fiscal aprobado por el Govern para las rentas más elevadas afecta al tramo autonómico del IRPF, a las herencias y al impuesto de transmisiones patrimoniales. En el caso del IRPF, se aplicará un tipo del 22,5% para las bases liquidables superiores a los 100.000 euros, lo que supone una subida de un punto que afectará a unos 4.000 contribuyentes de Balears.
En lo que se refiere al impuesto de sucesiones y donaciones, el Govern ha excluido a estas últimas del incremento tributario con el fin de "facilitar el cambio generacional en las empresas". La subida se aplicará a las herencias entre cónyuges y de padres a hijos, que hasta ahora se gravaban con un 1% con independencia del importe heredado. Con el proyecto de ley del Govern, el tipo impositivo en estos casos se mantendrá en el 1% para las herencias de hasta 600.000 euros y a partir de esta cantidad se incrementará progresivamente. Así, de esa cantidad al millón de euros, el tipo será del 4%, que aumentará al 7% para las herencias de hasta 2 millones y al 10% hasta los 3 millones. Las superiores a esta cantidad tendrán un tipo impositivo del 20%.
En cuanto al impuesto de transmisiones patrimoniales, se aumentará del 7 al 8% cuando el valor del inmueble supere los 450.000 euros, mientras que para el resto se gravará con el 7%, manteniendo el tipo reducido del 3% para jóvenes, familias numerosas y discapacitados.
Si el Parlament aprobara el incremento de estos tres impuestos, el Govern calcula que ingresaría entre 15 y 20 millones de euros, si bien el del IRPF no podría aplicarse hasta la declaración de renta del próximo año. A esta cantidad se sumarían los 18 millones que prevé recaudar con el nuevo tributo para grandes empresas que deterioren el medio ambiente, cuyos elementos patrimoniales se gravarán en un 1%.
Este impuesto afectará a las instalaciones y estructuras que se destinen a la producción, almacenamiento, transformación y transporte de energía eléctrica, carburantes y combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, así como a las de las comunicaciones telefónicas y telemáticas. Las empresas afectadas por este impuesto, del que estarán exentas las instalaciones cuyo titular sea la administración o las destinadas a la circulación de ferrocarriles, no podrán repercutirlo sobre los consumidores, según advirtió Manera. Se trata de un tributo que recupera el antiguo Isiquiema, impuesto ideado por el Govern del PP que se declaró inconstitucional y que ahora retoma el Pacto modificando las cuestiones que en su momento lo invalidaron.
En lo que se refiere al proyecto de ley de recortes de gasto público, se incluyen la reducción del sueldo a los funcionarios en un 5%, con efectos al 1 de junio, que se aplicará a cada concepto retributivo, así como la reducción de las retribuciones de los altos cargos del Govern, que bajaran entre un 9 y un 7%. Además, se establece que los contratos superiores a los 6 millones de euros deberán ser autorizados por la conselleria de Economía y se creará una Central de Contratación para centralizar los contratos de obras, servicios y suministros. Junto a ello, el presupuesto de las empresas públicas se reducirá en un 5%.
Aunque el conjunto de recortes se traducirá en 103 millones (cifra inferior a la cantidad que se barajaba en el Gobierno central), Manera aseguró que lo ha "comentado" con el ministerio de Economía y la conclusión es que el Govern "va en la línea correcta". En este sentido, recordó que el Ejecutivo balear ya redujo los presupuestos para este año en 200 millones, que sumados al recorte de 103 millones supone una rebaja del 8% respecto a 2009.
