La adaptación de la ley balear del Comercio a las directrices europeas supone el fin de la moratoria impuesta en 2005 sobre la construcción de grandes superficies por el último Govern de Jaume Matas. Ello abre camino para nuevos comercios mayoristas y minoristas de gran tamaño en Balears.

Carrefour ha confirmado que se plantea la apertura de nuevas superficies en Balears. El presidente en España de esta cadena, el ex ministro Rafael Arias Salgado, ya ha señalado que sólo estaba esperando el fin de la moratoria para abrir un nuevo centro, aunque no precisó el lugar.

También la alemana Media Markt –que en España se ha ido extendiendo a razón de cinco establecimientos al año hasta cubrir prácticamente todo el territorio– ha admitido que dispone de varios proyectos para Balears, si bien se ha mostrado reacia a concretarlos. Ha trascendido que la cadena de electrodomésticos y electrónica ha buscado locales al menos en Porto Pi y en el Festival Park.

Una tercera empresa multinacional, la FNAC –con una veintena de establecimientos en España–, está en boca del sector como segura interesada en Balears. Consultada la compañía, ni confirmó ni desmintió esta posibilidad. "No tenemos ninguna información (que ofrecer) al respecto por el momento", fue la escueta respuesta.

En el sector de las grandes empresas se da por seguro que la mayoría de proyectos que en 2005 estaban sobre la mesa del ahora ex conseller Josep Juan Cardona son hoy –en una economía recesiva– escasamente apetecibles.

Sin embargo, también interpretan que las grandes empresas multinacionales, con gran respaldo financiero, están aprovechando esta situación para hacerse con mayores cuotas de mercado, y en consecuencia se las señala como las primeras beneficiadas por el fin de la moratoria.

Sin embargo, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) se han mostrado reticentes a esta interpretación. Según el asesor jurídico de esta patronal en Mallorca, Bartomeu Sitjar, la moratoria de 2005 era nula, por lo que cualquier gran empresa hubiera podido solicitar la autorización y recurrir la posterior negativa del Ejecutivo, en el caso de haber deseado la expansión.

La nulidad se debe a que el Govern Matas no dispuso la preceptiva fecha para levantar la moratoria y, en la práctica, era un veto.