La sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha decidido asumir, íntegramente, el sumario por el caso Can Domenge, la presunta trama de corrupción político-empresarial en torno a la venta por el anterior Consell de Mallorca de los solares del mismo nombre. En la causa aparecen imputados, entre otros, el conseller de Turismo de Unió Mallorquina (UM) Miquel Nadal y el diputado del grupo mixto en el Parlament Bartolomé Vicens, ambos aforados, y Miquel Àngel Flaquer, ex conseller del Consell y presidente de UM.
El TSJB ha dictado un auto donde acuerda ser competente para investigar el caso y pide al juzgado de instrucción 12 de Palma que le remita todo el sumario. El Alto Tribunal también tendrá que decidir sobre el futuro procesal de los imputados no aforados, los antiguos ejecutivos de Sacresa Terrenos y Promociones Mario Sanz Bernal y Joan María Pujals Vallvé; el empresario mallorquín Pedro Francisco Ferrá Tur y Miquel Àngel Flaquer, actual presidente del UM. Sacresa y Ferrá Tur constituyeron en 2006 la unión temporal de empresas (UTE) que ganó el concurso convocado por el anterior Consell de Mallorca para la compra, por un máximo de 30 millones de euros, de las fincas de Can Domenge y la edificación en ellas de una zona residencial emblemática para Palma.
La juez de instrucción número 12 de Palma, con apoyo de la fiscalía anticorrupción y de la acusación particular en nombre del empresario catalán José Luis Núñez y Navarro, antiguo presidente del Barça, había pedido al TSJB que se hiciera cargo del sumario porque ella no es competente para abrir juicio oral contra Nadal y Vicens, por su condición de políticos aforados.
La juez solicitó al TSJB que diera pie a la fiscalía anticorrupción y a Núñez y Navarro a acusar a los cinco imputados y que abriera juicio oral contra ellos.
Sin embargo, el instructor del caso Can Domenge en el TSJB, que todavía no ha sido designado, no está vinculado al criterio de la juez del juzgado 12. El TSJB podrá ahora, tras revisar todo el sumario, ordenar la práctica de nuevas pruebas, incluidas otras imputaciones si lo estima procedente. Si el caso prospera, el juicio contra la supuesta trama se hará en el Tribunal Superior.
