Miguel Ángel Bonet ya admitió anteanoche ante la Policía el haber usado a una pariente nonagenaria como testaferro para cobrar unos veinte mil euros de fondos públicos. Bonet, que ayer por la tarde pasó a disposición judicial, no dio en su primera declaración explicaciones muy coherentes a su conducta, pero sí que mencionó problemas económicos y que necesitaba dinero para pagar la hipoteca y el recibo de la luz, como justificación por el presunto desfalco de veinte mil euros.
Miguel Ángel Bonet, un abogado nacido en 1968 y aficionado al coleccionismo de gorras y viseras militares y navales, cambió ayer su estrategia en el juzgado de guardia, tras comprobar que podía fácilmente ingresar en prisión si se empeñaba en no dar explicaciones y más detalles sobre lo ocurrido.
En Comisaría, y ante los fiscales Miguel Ángel Subirán y Pedro Horrach, el sospechoso admitió los hechos, pero no ofreció una versión sólida o coherente sobre su conducta.
La fiscalía anticorrupción y el grupo de Delincuencia Económica de la Policía mantenían ayer abiertas las pesquisas para tratar de esclarecer si hubo otros cobros similares, como finalmente admitió el sospechoso. Tampoco se descartaba inicialmente que pudiera haber más personas implicadas en el caso, extremo que negó el detenido.
Los investigadores insistieron durante su interrogatorio en los mecanismos de control y fiscalización de los pagos en el Ibatur, un organismo del que era secretario del consejo de administración Bonet. El acusado explicó ayer en el juzgado cómo pudo burlar los controles y simular servicios y trabajos de proveedores imaginarios y nunca prestados.
