Tres detenidos por empadronar de forma ilegal a marroquíes 'sin papeles' en Can Picafort

Una mujer fue sorprendida frente al Ayuntamiento de Santa Margalida cuando se disponía a empadronar de forma fraudulenta, en su domicilio de Can Picafort, a tres inmigrantes marroquíes en situación irregular en España. Agentes de la Policía Nacional en Palma, en colaboración con la Policía Local de Santa Margalida, han detenido a tres personas por un presunto delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, en su modalidad de favorecimiento de la inmigración irregular.

La actuación policial se inició el pasado día 18 de diciembre en Can Picafort. Una patrulla de la Policía Local de Santa Margalida advirtió movimientos sospechosos entre una mujer y un grupo de hombres magrebíes, de origen marroquí. Se intercambiaban papeles con ella en las proximidades del Ayuntamiento.

Tras observar cómo esta mujer entraba en el Ayuntamiento, acompañada por alguno de estos jóvenes magrebíes, los agentes de la Policía Local informaron inmediatamente a su jefe de este comportamiento sospechoso. El mando acudió directamente al Consistorio con otra dotación policial de apoyo.

En primera instancia, los agentes identificaron a todos los integrantes de este grupo. Tras preguntarles cuál era el motivo de su presencia en el lugar, la mujer no tuvo más remedio que confesar que se disponía a empadronar en su domicilio de manera fraudulenta a tres jóvenes magrebíes, de nacionalidad marroquí. También admitió que ellos le pagaban por ello.

Además de estas cuatro personas, los agentes identificaron también a otros dos marroquíes y a un hombre que los había llevado hasta allí en su vehículo desde Inca. Este también los había transportado hasta el Consistorio de Santa Margalida con la intención de que fueran empadronados de manera irregular.

A partir de este momento, los agentes de la Policía Local de Santa Margalida informaron de lo ocurrido a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional. Investigadores del Grupo II de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad (UCRIF) se hicieron cargo del caso. En primera instancia tomaron declaración a los policías locales intervinientes y a los inmigrantes marroquíes, todos en situación irregular.

Fruto de estas pesquisas, los investigadores de la UCRIF consiguieron identificar al 'cerebro' de la trama. Se trataba de un hombre de 32 años, de origen marroquí, Este sí se encontraba residiendo de forma legal en España. Había captado para sus turbios negocios a una mujer residente en Can Picafort, con graves problemas económicos, para que colaborara en su actividad delictiva.

La mujer, acuciada por su estado de necesidad y por una pequeña cantidad de dinero, se dejó convencer para autorizar el empadronamiento en su propio domicilio de seis extranjeros, inmigrantes marroquíes, en situación irregular.

Estas personas, al igual que el resto de extranjeros en situación irregular empadronados de forma indebida y fraudulenta, necesitaban desesperadamente un certificado de empadronamiento. Esto les permitía realizar diferentes trámites con la Administración, como la obtención de una tarjeta sanitaria o la tarjeta ciudadana, entre otros.

Según las propias declaraciones de la mujer, cada uno de estos empadronados de manera irregular le pagaba 500 euros por el certificado de empadronamiento. De estos, gran parte del dinero se lo quedaba el organizador de la trama, mientras que a ella solo le daba una pequeña cantidad.

Multa de hasta 10.000 euros

El cabecilla de este entramado contactaba con la mujer siempre telefónicamente y con una llamada oculta para que no le pudiera localizar. También había contratado los servicios de un tercero, un hombre portugués de 57 años en paro. Este hacía de 'taxista, para trasladar a los inmigrantes marroquíes hasta el Ayuntamiento de Santa Margalida, en Can Picafort.

En los últimos tiempos, la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional está centrando sus esfuerzos en combatir los innumerables empadronamientos fraudulentos que se dan a menudo en Mallorca. Estos se reparten por gran parte de los ayuntamientos de la isla. Suponen un gran fraude para la Administración.

Gracias a este tipo de actuaciones se trata de asentar en Mallorca a la inmigración irregular. El empadronamiento le permite acceder a diferentes ayudas sociales u obtener permisos de residencia, que no les corresponderían, al hacerlo de manera fraudulenta. De esta manera, consentir que estas personas extranjeras sean inscritas en el padrón municipal constituye una infracción por cada persona y acarrea una sanción con una multa entre 501 y 10.000 euros por una infracción de la Ley de Extranjería.