Más allá de la vigilancia para combatir los cotidianos hurtos al descuido, la investigación policial en la Platja de Palma y muy especialmente en la calle del Jamón abarca dos aspectos diferenciados de explotación: la laboral y la sexual. Bares, Biergarten y clubes de alterne de la calle del Jamón y de otras vías aledañas son escrutados minuciosamente para comprobar si existe algún delito o irregularidad.
La patrulla policial comienza su andadura nocturna en la celebérrima calle del Jamón. Los agentes de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedad (UCRIF) de la Policía Nacional se despliegan por uno de los descomunales biergarten de la zona ante la atónita mirada de los turistas germanos. «¿Ha pasado algo?», pregunta uno de los clientes.
Los agentes se dirigen en primera instancia al encargado. No obstante también piden la filiación a su numeroso personal contratado. Las verificaciones principales que se hacen son comprobar que los empleados están dados de alta en la Seguridad Social. En el caso de los extranjeros se constata que tengan el permiso de trabajo en regla. También se pregunta por el número de horas que consta en su contrato y si estas se cumplen.
Ante la abrumadora presencia policial con sus chalecos reflectantes, algunos de los turistas tratan de fotografiarse con algunos de estos agentes. Unos les explican su deseo de ingresar en la Policía de su respectivo Land.
A escasos metros de distancia se aborda una investigación más compleja en los locales de alterne que pululan por la zona. Al igual que en los bares, los agentes cotejan que las mujeres que allí se encuentran estén dadas de alta en la Seguridad Social bajo contratos de supuesta camarera o bailarina.
Los investigadores más avezados saben detectar si algunas de las mujeres que están en estos clubes de alterne han sido forzadas a prostituirse y, por tanto son explotadas sexualmente. Una diferenciación que no contempla el proyecto de ley abolicionista, al considerarlo todo explotación sexual haya o no consentimiento de por medio.
«En muchos casos se sabe nada más entrar si una mujer está siendo obligada a prostituirse en estos locales de alterne», puntualiza el inspector de la UCRIF José María Jiménez. «Cuando se la ve huidiza y nerviosa, nos entrevistamos con ella a solas para evitar que sea coaccionada. Puede ser víctima de trata», subraya.
De confirmarse que una mujer es forzada a prostituirse allí, los propietarios podrían ser detenidos por un presunto delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual. «La mayoría de los dueños no se arriesga a ello porque saben que serían arrestados», recalca el inspector Jiménez.
Examen de pasaportes
Nada más traspasar el umbral del establecimiento, los agentes solicitan los pasaportes de todas las mujeres que allí se encuentran. Al mismo tiempo conminan a un grupo de turistas ebrios a que dejen de gritar.
De repente, la documentación de una mujer nigeriana despierta las sospechas ante los experimentados ojos de los agentes de la UCRIF. Finalmente, comprueban que se ha tratado de una falsa alarma. Esta tenía permiso de residencia en España, al parecer, por haber contraído matrimonio con un español.
Otro de los aspectos que los investigadores de la Policía Nacional examinan minuciosamente en estos locales de alterne que proliferan por la Platja de Palma son las condiciones de salubridad. Así, una de estas lúgubres habitaciones está iluminada con luz tenue. Un bidé se encuentra a escasos metros de la cama donde se ejerce la prostitución.
