La fiscalía solicita penas de hasta 42 años y medio de prisión para 22 miembros de un clan familiar por okupar una quincena de pisos en Palma para alquilarlos con empalmes ilegales y contratos fraudulentos. Además, amenazaban a los inquilinos -la mayoría parados e inmigrantes- que se retrasaban en el pago o cuestionaban la legalidad de la operación. Los sospechosos, conocidos como ‘Los Peludos’, actuaron en varias barriadas de la ciudad entre 2013 y 2014. Están acusados de delitos de organización criminal, usurpación de bien inmueble, defraudación de fluido eléctrico y agua, coacciones y tenencia ilícita de armas, ya que la Policía les incautó varias pistolas y katanas. La fiscalía y los abogados defensores tratan de cerrar un acuerdo de conformidad.
Según el ministerio público, los acusados se dedicaban a localizar viviendas vacías, preferentemente propiedad de bancos, para okuparlas. Cambiaban las cerraduras y realizaban conexiones ilegales a la luz y el agua para luego ofrecerlas en alquiler mediante anuncios en farolas, cibercafés, escaparates o haciendo correr la voz. El clan logró hacerse con el control de al menos 15 viviendas en Son Gotleu, Pere Garau, La Soledat, el polígono de Levante, Cala Major y s’Arenal. Los procesados actuaban con contundencia si alguien se retrasaba en el pago mensual o cuestionaba la legalidad del arrendamiento, lanzando graves amenazas. Si alguno exigía un contrato, redactaban un documento fraudulento con nombres falsos. Muchas de las víctimas han sido declaradas testigos protegidos en la causa judicial por el temor a sufrir represalias.
La Policía puso fin a las actividades de esta suerte de agencia inmobiliaria clandestina a finales de mayo de 2019 en una gran operación. Los agentes llevaron a cabo numerosos registros en los que intervinieron katanas, cuchillos, pistolas, munición y una decena de vehículos que habían adquirido gracias a sus actividades ilegales, entre otras pruebas.
El ministerio público relata en su escrito de conclusiones provisionales que el clan actuaba con un claro reparto de funciones y una estructura jerárquica. Imputa los acusados delitos de organización criminal, coacciones, usurpación de bien inmueble, defraudación de fluido eléctrico y agua y tenencia ilícita de armas. Por ellos reclama penas de hasta 42 años y medio de cárcel para los sospechosos.
En el procedimiento judicial están personadas las entidades bancarias afectadas, que reclaman indemnizaciones por los daños que causaron los imputados en las viviendas de su propiedad.
Ayer se celebró una vista previa de este caso en la Audiencia Provincial, donde fiscalía y abogados defensores acercaron posturas para alcanzar un acuerdo de conformidad. La mayoría de acusados se mostró dispuesta a reconocer los hechos a cambio de una rebaja en la pena. La semana próxima se celebrará otra vista.
