El fiscal rebajó ayer a 19,5 años de cárcel la petición de condena para el anciano acusado de abusar sexualmente durante dos décadas de dos sobrinas suyas en Palma. La acusación pública reclamaba inicialmente 47,5 años de cárcel, pero al concluir el juicio sostuvo que las agresiones cometidas sobre una de las menores entre 1987 y 1991 han prescrito. Las dos víctimas, que ejercen la acusación particular a través de la abogada María Jesus Isasa, mantienen su petición de 59,5 años de cárcel, mientras el letrado de la defensa reclama la absolución.
En la última sesión del juicio al acusado, de 79 años, varios psicólogos y psiquiatras ratificaron que una de las perjudicadas presenta un síndrome de estrés postraumático compatible con los abusos sexuales que dice haber sufrido a manos de su tío entre 1987 y 2006. Padece ansiedad, depresión, baja autoestima y otros trastornos que «afectan a su vida diaria», según los especialistas, y por los que sigue bajo tratamiento.
Las acusaciones sostienen que el acusado sometió a abusos y agresiones sexuales a las dos víctimas, que vivían con él, desde que tenían siete años. Con una de ellas mantuvo relaciones sexuales de todo tipo durante casi dos décadas, hasta que se independizó. Grababa en vídeo sus encuentros sexuales y concertó varias citas entre la chica y un amigo suyo -ya fallecido- para que este abusara también de ella. Cuando los hechos fueron denunciados en 2018, la Policía encontró estas imágenes y otros archivos de pornografía infantil en el domicilio del anciano.
La fiscalía, al concluir la vista oral, modificó sus conclusiones y rebajó su petición a 19,5 años de prisión. Por un lado, retiró las acusaciones por los abusos a una de sus sobrinas al entender que cesaron en 1991 y, por tanto, han prescrito. Por otro, eliminó el papel de inductor y cooperador necesario en los abusos cometidos por su amigo. Así, refundió su acusación en un delito continuado de agresión sexual con intimidación por el que reclama 15 años de cárcel, otro de utilización de menores con fines pornográficos, por el que pide 4 años de prisión, y un tercero de tenencia de pornografía infantil por el que solicita seis meses de reclusión. El fiscal destacó las amenazas del acusado a su sobrina para que no contara lo que ocurría y la credibilidad del testimonio de la mujer, en el que además no aprecia ningún ánimo espurio.
La abogada de la acusación particular, por su parte, rechazó la versión del acusado de que las relaciones con la principal víctima fueron consentidas y solo a partir de los 16 años. La letrada mantuvo su petición de 59,5 años de cárcel por los abusos y violaciones a las dos víctimas, mientras el abogado defensor solicitó la absolución del anciano. El caso quedó visto para sentencia.
