El juez que investiga la supuesta estafa en los donativos para el tratamiento de Nadia ha abierto una nueva causa en la que imputa a los padres los delitos de exhibicionismo, provocación y explotación sexual, a raíz de las fotografías de la menor encontradas por los Mossos d´Esquadra. Los padres negaron haber utilizado a la niña para producir pornografía y dijeron que las fotos eran para controlar una patología en la piel.

Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el titular del juzgado de instrucción número 1 de La Seu d´Urgell (Lleida), que ayer interrogó a los padres sobre el contenido de estas fotografías, acordó mantener todas las medidas cautelares adoptadas hasta el momento: el padre seguirá en prisión y la madre en libertad provisional y solo podrá visitar los fines de semana a la niña, de 11 años, que está a cargo de una tía.

En un auto redactado tras la comparecencia de los padres, que respondieron a las preguntas de todas las partes, el juez acordó abrir un nuevo procedimiento en el que Fernando Blanco y Margarita Garau tienen la condición de investigados por los delitos de exhibicionismo, provocación sexual y explotación sexual.

El juez separó la investigación sobre la estafa de la de los supuestos delitos sexuales después de que los Mossos d´Esquadra localizaran en un lápiz de memoria intervenido a la pareja fotografías de carácter sexual en las que aparecía la menor, en algunas de ellas desnuda y, en otras, mientras sus padres mantenían relaciones sexuales.

Control de una enfermedad

Según el abogado de la familia, Alberto Martín, que todavía sigue defendiendo tanto al padre como a la madre, los acusados alegaron ante el juez que nunca han llevado a cabo ningún acto en perjuicio de su hija y que no se tomaron fotografías practicando sexo de forma que la niña lo pudiera ver.

También esgrimieron, según el abogado, que las instantáneas tienen un ámbito "familiar, personal y natural" y que algunas las tomaron para el control y seguimiento de una patología de la piel de su hija, afectada según su versión de una enfermedad rara.

"No hay nada de especial que tenga un criterio pornográfico, sexual o de explotación, absolutamente nada", insistió el abogado, que precisó que el juez mostró a los padres entre una quincena o veintena de instantáneas tomadas entre los años 2008 y 2011.

El juez ha enviado las nuevas diligencias al decanato judicial para que lo reparta entre los dos juzgados de La Seu, por lo que la causa le podría recaer a él o al titular del juzgado de instrucción número 2 del municipio, según el TSJC.

Además, el magistrado aceptó la personación de la Generalitat en la causa abierta por la supuesta estafa, ya que la custodia de la menor está en manos de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA), que vela por sus intereses en el procedimiento.

Dos particulares que dieron dinero para el tratamiento de la menor y que se han sentido estafados, ante los indicios de que los padres destinaron estos fondos a fines particulares, también han pedido personarse, si bien el juez todavía no ha resuelto.

Tras la declaración de ayer de ambos investigados ante el juez, ni la fiscalía ni el abogado de la Generalitat, presente en el interrogatorio, pidieron medidas cautelares complementarias a las que dictó el pasado 9 de diciembre, cuando envió al padre a prisión, dejó en libertad a la madre y les retiró la custodia de la niña.

Después de que el padre declarara durante una hora ante el juez, y la madre durante una media hora, el abogado ha explicado a los periodistas que los acusados han insistido que las fotografías, que no recordaban hasta que las han visto en la sala, son de carácter "familiar" y se inscriben en el ámbito de la normalidad de una niña "muy juguetona, que hace payasadas, juega y adopta poses, como todos los niños".

Según el abogado, en el interrogatorio de ayer únicamente visionaron las fotografías halladas en una memoria USB incautada en el coche de Blanco, porque aún no ha llegado al juzgado el resultado del rastreo que el magistrado autorizó a los Mossos d´Esquadra de otros trece lápices de memoria, siete tarjetas de memoria y tres discos duros de la pareja, con el objetivo de localizar si había más fotos de contenido sexual, si borraron algunas o si las difundieron.

Alberto Martín sostuvo que los padres no quieren que se les "demonice" ni se les "queme en la hoguera" por estas fotografías, ya que "tienen un afecto y un respeto enorme" para la niña, que nunca, insistió, les vio manteniendo relaciones sexuales. "Ellos han actuado de buena fe. Fernando ya sabe que no tiene mucha credibilidad, que se le ha condenado en todas partes, pero en su opinión, en esta cuestión está siendo absolutamente sincero y no se le puede reprochar nada", señaló.