La fiscalía reclama sendas penas de nueve años de prisión para siete presuntos miembros de una red que robaba y falsificaba recetas en centros médicos de toda Mallorca para comprar tranquilizantes y traficaba con ellos. Los sospechosos, que están acusados de delitos contra la salud pública, robo y falsedad documental, habrían utilizado a toxicómanos para comprar los ansiolíticos. La Guardia Civil se incautó de más de medio millar de prescripciones falseadas y unas 1.400 pastillas.
Las pesquisas que permitieron desmantelar esta banda se iniciaron en noviembre del año pasado, cuando la Guardia Civil interceptó en un control rutinario un coche en el que aparecieron gran cantidad de recetas y medicamentos. Fue entonces cuando la Policía Judicial puso en marcha una investigación ante la sospecha de que se trataba de un organización dedicada al tráfico de fármacos.
Usaban a drogadictos
Tras meses de indagaciones, los agentes confirmaron esta hipótesis. Según averiguaron, la banda robaba talonarios de recetas y sellos de facultativos en centros médicos de toda la isla aprovechando la falta de vigilancia.
Tras falsificar los documentos imitando las rúbricas de los médicos, contactaban con toxicómanos para que adquirieran los fármacos, que siempre eran ansiolíticos, y después los vendieran en zonas próximas a Centros de Ayuda a la Drogadicción.
La Guardia Civil desarticuló la organización a principios del pasado mes de febrero en la llamada ´Operación Boticario´. Los investigadores detuvieron a seis personas y se incautaron de 550 recetas listas para ser canjeadas y más de 1.400 pastillas. Sin embargo, en el registro del Servicio de Farmacia se detectaron más 1.200 prescripciones de tranquilizantes que habían sido falsificadas, por lo que los investigadores creen que la red llevaba años operando. Además, habrían cometido un importante fraude a la Seguridad Social, ya que conseguían los fármacos a bajo precio gracias a la subvención pública.
Busca y captura
El juzgado de instrucción que investigó el caso puso en busca y captura a otro sospechoso, que había conseguido huir. Este hombre fue finalmente localizado y detenido hace unas semanas por la Guardia Civil en Murcia y estaba previsto que fuera trasladado a la cárcel de Palma. Cinco de los sospechosos permanecen en prisión preventiva a la espera de juicio.
La fiscalía considera que estos hechos constituyen delitos de robo, falsedad documental y contra la salud pública. Por ellos, el ministerio público reclama penas que suman nueve años de cárcel para cada uno de los acusados. La vista oral se espera que se celebre en las próximas semanas.
