La fiscalía reclama cinco años de cárcel para un abogado de Palma acusado de haberse apropiado de 9.600 euros que le entregó la familia de un cliente para afrontar fianzas y multas. El letrado supuestamente no entregó el dinero en el juzgado sino que lo incorporó a su patrimonio. Está previsto que la vista se celebre esta semana en la Audiencia Provincial.

Según recoge el escrito de acusación del ministerio público, en el año 2005 un hombre contrató los servicios del abogado para que lo defendiera en un proceso penal por allanamiento de morada y lesiones. En mayo de aquel año, un juzgado de Palma dictó un auto en el que reclamaba 6.000 euros al acusado en el proceso para asegurar sus responsabilidades pecuniarias. El letrado recibió esta cantidad de sus clientes, pero en lugar de consignar el dinero en la cuenta del juzgado, supuestamente se la quedó.

En mayo de 2007 un juzgado de lo penal de Palma condenó al hombre a un año y diez meses de cárcel por un delito de allanamiento y dos de lesiones. La sentencia le impuso además 1.800 euros de multa y otros tantos en concepto de responsabilidad civil. Al año siguiente, el juzgado impuso al condenado otros 150 días de prisión y le denegó la suspensión de la pena ya que no había abonado el dinero reclamado por su responsabilidad civil, que supuestamente se había quedado su abogado.

La madre del cliente entregó en abril de 2009 al letrado otros 3.600 euros para abonar la cantidad que reclamaba el juzgado, pero tampoco esta cantidad llegó a su destino. Así, el hombre tuvo que ingresar en prisión, donde permaneció durante medio año.

La fiscalía relata también que el letrado estaba suspendido por el Colegio de Abogados cuando presentó en el juzgado de lo penal número 8 de Palma un escrito en el que solicitaba la suspensión de la condena impuesta a su cliente, alegando que este carecía de recursos económicos, a pesar de que la familia le había entregado el dinero.

Los hechos, según considera el ministerio público, constituyen un delito de deslealtad profesiones y otro continuado de apropiación indebida. Por el primero de ellos reclama una multa de 20 meses a razón de 20 euros diarios, mientras que por el segundo pide cinco años de cárcel. Además, el fiscal solicita que se inhabilite al letrado para el ejercicio de su profesión durante cuatro años y que indemnice a la madre de su cliente con 9.600 euros y este con otros 12.000 euros por los daños morales causados. El juicio se celebrará el próximo jueves.