La Fiscalía ha pedido doce años de prisión y una multa de 134.455 euros para un cabo y un agente de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Maó, que serán juzgados en la Audiencia de Palma a partir del 9 de marzo por colaborar supuestamente con una banda de narcotraficantes.
Los procesados, que responden a las iniciales D.F.L. y F.J.N.Q., han sido acusados de haber colaborado con una banda de narcotraficantes a los que ayudaron a introducir importantes cantidades de cocaína en Menorca a finales del 2008.
Según el escrito de acusación del Ministerio Público, "en al menos dos ocasiones los guardias civiles actuaron de común acuerdo con el 'cabecilla' de la banda, J.G.P., para introducir cocaína en Menorca a través de dos vehículos que llegaron al puerto de Mahón, en el barco de Acciona procedente de Barcelona".
La droga había sido envuelta y ocultada dentro de paquetes revestidos de café molido y colocada en el interior de los coches. Los agentes realizaban las "gestiones oportunas" para que los vehículos superasen los controles sin problemas. A cambio, recibían contraprestaciones en forma de dinero y regalos. El cabo aceptó varias cantidades de cocaína.
Los pinchazos telefónicos, autorizados por la titular del juzgado de primera instancia número 1 de Maó, Clara Besa, permitieron obtener pruebas suficientes para detener a los presuntos narcotraficantes. Las detenciones se llevaron a cabo en 48 horas, y el 13 de diciembre de 2008 fueron arrestado los dos agentes.
La Fiscalía, además de la pena solicitada para los dos guardias civiles, ha pedido que sea condenado por delito contra la salud pública el resto de implicados, con sanciones económicas y penas de prisión.
El contacto de los agentes en la banda, J.G.P., confidente habitual de la Policía Judicial de Maó, se enfrenta a nueve años de cárcel y 100.855 euros de multa. Se ha pedido la misma pena para D.R.J., que transportaba la droga. Para J.M.M.O., el único de los detenidos que contaba con antecedentes penales por narcotráfico, la Fiscalía ha pedido una pena de ocho años de cárcel y 100.855 euros de multa.
