Una comisión decidirá si Trashorras, el hombre con mayor condena por el 11M, accede a la eutanasia: "Tiene un historial de enfermedad mental grave"

Dos equipos de especialistas del Principado deberán valorar la petición de eutanasia de José Emilio Suárez Trashorras, si finalmente el condenado que aglutina mayor número de condenas por el atentado del 11M formaliza la solicitud trasladada al centro penitenciario de Asturias. Trashorras ha manifestado su intención de pedir la ayuda sanitaria para morir, justo al cumplirse veinte años del macroatentado, en protesta por la falta en la prisión de la atención médica que requiere. "Es una persona con un historial de enfermedad mental grave", explicó el psiquiatra, Julio Bobes, que le ha atendido varias veces en los últimos años aunque, según explicó a La Nueva España, del grupo Prensa Ibérica hace tiempo que no lo ha examinado.

Suárez Trashorras fue condenado en el macrojuicio del 11M a 34.715 años de cárcel al ser considerado responsable de todas las muertos en los atentados y también de del geo muerto después en Leganés en la operación para detener a miembros del comando yihadista, autor del ataque coordinado en los cuatro trenes de Madrid, que causó 192 muertos, en marzo de 2004. Pese a la magnitud de la pena cumplirá un máximo de 40 años en prisión.

El minero que facilitó los explosivos del 11M pide la eutanasia en prisión

Julio Bobes cree que la Comisión de Garantía y Evaluación del Principado de Asturias "analizará el caso de Trashorras", si finalmente se materializa una petición que, en su opinión, pone en evidencia un problema de calado: la falta de la necesaria asistencia médica en el centro penitenciario de Asturias. "Tendrá que someterse al procedimiento para evaluar si su solicitud cumple las condiciones que marca la ley. El caso será evaluado por dos comisiones distintas que decidirán si procede la petición a la vista de los informes sobre su estado", detalló el psiquiatra. El solicitante debe acreditar "un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, o una enfemedad grave e incurable, padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables", según la ley en vigor para aplicar la eutanasia. Trashorras tiene "su capacidad de juicio alterada" y entre las cuestiones que influyen en su estado actual incide si puede seguir o no los tratamientos prescritos para la enfermedad mental que padece.

El departamento encargado de la prestación sanitaria de ayuda para morir es la dirección general de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria, que tiene fijado un plazo de tres meses para dar respuesta aunque en Asturias cerca de la mitad de los solicitantes cuya petición fue admitida falleció antes de que finalizase el procedimiento legal para poder aplicarse y algún solicitante ha acumulado más de un año de espera. La petición de eutanasia por parte de Suárez Trashorras, confirmada a este periódico en fuentes penitenciarias, ha devuelto al primer plano la denuncia de las carencias sanitarias por las que atraviesa desde hace años el centro penitenciario, según han denunciado de forma reiterada varias organizaciones sindicales.

El psiquiatra Julio Bobes constata el empeoramiento por la falta de profesionales sanitarios, que afecta a todo el sistema penitenciario y la prisión asturiana no es una excepción. "La situación sin llegar a ser la ideal fue mucho mejor una década atrás. Había ocho médicos, ahora hay tres, uno de ellos el director médico, y en poco tiempo se va a jubilar uno", comentó Bobes sobre el centro penitenciario ubicado en el concejo de Llanera. "La plantilla se ha reducido y el problema es que ahora aunque haya recursos económicos para su contratación lo que no hay son médicos. No es fácil de resolver, pese a que era una situación que se veía venir", añadió el psiquiatra.

Comisiones Obreras ha denunciado de forma repetida que la población reclusa de Asturias "se encuentra al margen del sistema sanitario" por el déficit de personal y todavía esta misma semana el sindicato CSIF denunció que la mayoría de protocolos de la prisión "datan de los años 90 y se encuentran desfasados" y el propio edificio, construido hace más de tres décadas, "está obsoleto, próximo al colapso total".

En este contexto de carencias generalizadas para la atención sanitaria en el centro penitenciario de Asturias, el caso del principal condenado por el 11M, incorpora la complejidad de un cuadro de trastorno mental muy grave, anterior incluso a su detención y posterior condena por su implicación en los mayores atentados de la historia de España, por facilitar los explosivos. Trashorras recibió la incapacidad laboral permanente años antes de su implicación en el macroatentado "a la primera valoración", según apuntaba Bobes. Tras su detención por su conexión con la trama yihadista por facilitar los explosivos sustraídos de Mina Conchita, en el concejo de Belmonte de Miranda, ha estado preso en varias prisiones de España, de las que acabó siendo trasladado hasta llegar a Asturias. En ellas refería a los servicios médicos que se sentía "perseguido y acosado por grupos que le querían eliminar". Se trata de "un enfermo difícil de tratar, porque su trastorno no le permite ver la realidad", según especialistas que han tratado y conocido su expediente médico.

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