Más de la mitad de los migrantes en situación irregular no puede comprar medicamentos

"La mayoría de la población de origen inmigrante sigue estando fuertemente concentrada y segregada en la parte baja de la estructura social española". Lo dice Cáritas, que lo ve día a día. Una de cada tres personas acompañadas por Cáritas en 2022 se encontraba en situación administrativa irregular. El retrato, crudísimo, de las personas a las que atiende la entidad habla de precariedad y exclusión: el 17% viven en hogares con "graves de problemas de nutrición": con alguien "que ha pasado hambre en los 10 últimos años con frecuencia" o "la están pasado ahora", mientras que más de la mitad (57%) viven en hogares donde la precariedad económica les obliga a renunciar a la compra de ciertos medicamentos, seguir dietas o tratamientos.

Son datos que hablan de exclusión. Si en la población española la incidencia de la exclusión social es del 26%, para las personas de origen extracomunitario sube al 68%, e incluso hasta el 81% para quienes están en situación administrativa irregular, una incidencia tres veces mayor.

Ante la falta de cifras oficiales, indica Cáritas, el informe realiza una estimación del número de personas en situación administrativa irregular

Así lo refleja el documento FOCUS, titulado 'Vulneración de Derechos. Las personas en situación administrativa irregular', publicado este miércoles por la Fundación FOESSA y cuyo objetivo es analizar las consecuencias que tiene sobre sus vidas la extrema precariedad económica y el no poder acceder a ayudas de vivienda, atención sanitaria o al empleo. Ante la falta de cifras oficiales, indica Cáritas, el informe realiza una estimación del número de personas en situación administrativa irregular a partir de los datos que aportan los programas de acción social de la entidad que acogen a estas personas.

Datos insuficientes

De acuerdo con esas cifras, el 32% de las personas acompañadas por Cáritas a través de sus programas y recursos en 2022 estaban en situación administrativa irregular. En números absolutos se trata de 500.000 personas, un 43% más que a lo largo de 2019. El periodo medio de acompañamiento que necesitan estas personas oscila entre 1 y 2 años. "Aunque los datos son insuficientes para poder aproximarnos al número real de personas en situación administrativa irregular en España, son suficientes para generar una aproximación realista y representativa sobre su situación", explica Thomas Ubrich de la Fundación FOESSA y miembro del equipo de Estudios de Cáritas Española.

Existe una relación directa entre la falta de reconocimiento y acceso al derecho a la salud, al empleo y a las ayudas de vivienda

El estudio señala que existe una relación directa entre la falta de reconocimiento y acceso al derecho a la salud, al acceso al empleo y a las ayudas de vivienda y la mayor incidencia de rasgos de exclusión social en este grupo de personas. Así, el 28% de las personas en situación administrativa irregular vive en hogares con todas las personas activas desempleadas. En el caso de ser las "sustentadoras principales del hogar", el 23% tiene un empleo sin contrato legal y sin cotizar a la Seguridad Social.

Trato discriminatorio

Tres de cada diez (31%) personas en situación administrativa irregular atendida por Cáritas reconocen, además, haber sufrido "un trato discriminatorio" por razón de su nacionalidad u origen étnico, frente al 22% de las personas extracomunitarias y el 5% de las españolas. El acceso a la vivienda, es uno de los mayores escollos. Siete de cada 10 tienen que asumir gastos excesivos de la vivienda que les dificulta mucho poder cubrir otros gastos esenciales.

Así, la falta de ingresos estables y suficientes les obliga muchas veces a vivir en casas con importantes carencias de habitabilidad (el 17% con situaciones de insalubridad) o en hacinamiento grave (el 35%). Otras personas, el 24%, viven en viviendas precarias (el 11% de personas con origen extracomunitario o el 5% con nacionalidad española). Y si se habla de sanidad, el informe revela dos grandes problemas: el acceso a los medicamentos -ese 57% de migrantes que viven en hogares donde la precariedad económica les obliga a renunciar a la compra de ciertos fármacos- y al propio sistema.

Las personas en situación administrativa irregular, según los territorios, también tienen "muchas dificultades" para ver reconocido el derecho a asistencia sanitaria, denuncia Cáritas

Cáritas subraya que, a pesar de la modificación operada en la normativa de acceso a la atención sanitaria con el Real Decreto 7/2018 que derogaba el Real Decreto 16/2012, las personas en situación administrativa irregular, según los territorios, también tienen "muchas dificultades" para ver reconocido ese derecho que, tras la reforma, "ha quedado al arbitrio de la normativa autonómica".

Inclusión laboral

Desde Cáritas explican que no contar con una autorización de residencia o trabajo "dificulta y mucho" la inclusión laboral pese, la condición indispensable para lograr casi cualquier autorización por razones excepcionales. El obstáculo primordial, inciden, surge "de la lógica intrínseca del régimen general de extranjería" y "de la práctica inexistencia de vías legales y seguras de entrada en España, así como la exigencia mayoritaria de un trabajo para acceder a una autorización excepcional cuando las personas extranjeras ya son nuestras vecinas".

La organización humanitaria concluye que "para garantizar los derechos humanos de las personas migradas es fundamental poder avanzar hacia "una puesta en práctica real de las vías legales de entrada que en la actualidad han tenido un desarrollo normativo escaso, pero además debemos avanzar en una solución jurídica que garantice todos sus derechos y que no deje en el limbo de la irregularidad a personas que llevan años aportando a nuestra sociedad", Una sugerencia que forma parte de las ocho propuestas políticas que la entidad presentó a todo el arco parlamentario el pasado mes de junio con motivo de las elecciones generales.