Investigación

Abren un expediente al líder de CCOO de Igualdad de un hospital de Castellón por presunto acoso laboral

Denuncian la actitud "agresiva y humillante" recibida por parte de Amalio Palacios. La situación deja en el limbo la Comisión de Igualdad al dimitir 11 de sus miembros

El presidente de la Comisión de Igualdad del Provincial y dirigente sindical, Amalio Palacios, en imagen de archivo.

El presidente de la Comisión de Igualdad del Provincial y dirigente sindical, Amalio Palacios, en imagen de archivo.

Iván Checa / R.D.M.

El Consorcio Provincial Hospitalario de Castellón ha puesto en marcha, a instancias de la Conselleria de Sanitat, el procedimiento para abrir un expediente informativo contra el presidente de la Comisión de Igualdad del centro y dirigente sindical de CCOOAmalio Palacios, a raíz de dos denuncias presentadas por dos trabajadoras por sufrir un presunto acoso laboral, maltrato verbal y vejaciones.

Los escritos de denuncia a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO, del grupo Prensa Ibérica, describen, por un lado, unos hechos ocurridos el pasado 30 de marzo. Palacios se habría dirigido a una de las empleadas "con una actitud agresiva y absolutamente humillante, impropia de cualquier compañero, pero sobre todo inaceptable por parte de quien está al frente de la Presidencia de la Comisión de Igualdad". Por otra parte, se deja constancia de "dificultades para desarrollar la labor con dignidad y profesionalidad" en el órgano del Provincial. 

Ante esto, ambas trabajadoras comunicaron su dimisión de dicha comisión de manera formal el 19 de abril, si bien previamente ya se había informado a instancias superiores de todo lo ocurrido. 

Testigos

Incluso el director gerente del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, Joaquín Sanchis, y la directora económica, Inmaculada Tena, atestiguaron uno de los presuntos actos vejatorios protagonizados por Palacios contra una de las empleadas denunciantes, siempre según fuentes conocedoras de los hechos descritos.

Con todo, ambas mujeres solicitaron a la Dirección Gerencia del Consorcio Hospitalario Provincial la apertura de un expediente informativo por la actuación de Palacios al objeto de "depurar responsabilidades". Una petición que elevan días después por escrito a la directora general de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanitat, Carmen López.

Al haber transcurrido más de un mes desde los hechos en el Provincial, la urgencia del asunto y la falta de respuesta desde ambas instituciones, el miércoles pasado las denunciantes reiteraron la solicitud de apertura de expediente informativo "acerca de los graves hechos ocurridos en el centro".

En bloque

Un día después, el 4 de mayo, otros nueve miembros de la Comisión de Igualdad presentan en registro de entrada su dimisión en bloque "habiendo tenido conocimiento de los motivos» de las dos renuncias previas al considerar que «en las actuales circunstancias se vulneran principios éticos básicos por parte de su presidente, Amalio Palacios". Se da la circunstancia de que justo este órgano es el encargado de velar para que no se produzcan conductas machistas en el centro.

Es ahora, más de un mes después, cuando se pone en marcha la apertura de un expediente informativo para tratar de resolver lo acontecido. La dilación se justifica en la necesidad de dilucidar quién ostentaba las competencias para poder activar el proceso, pero sobre todo en que Sanchis y Tena fueron testigos de uno de los hechos que motivan la denuncia de presunto acoso laboral.

Proceso

La tramitación que debe seguir ahora el expediente pasa por realizar las averiguaciones necesarias sobre las denuncias planteadas tras el nombramiento de un instructor: el director médico del centro y una administrativa exmiembro de CCOO. No obstante, la dirección ha dado garantías de ecuanimidad ante posibles suspicacias de connivencia que puedan surgir, dados los mencionados antecedentes de tardanza y dilación.

Tras las pesquisas se decidirá si se sobresee el expediente o, al contrario, se eleva a uno disciplinario, lo que supondría consecuencias mayores con la posible aplicación de sanciones. Un escenario probable este último a raíz de la gravedad de los presuntos hechos denunciados por las afectadas.  

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