Un juez de Barcelona ha rechazado suspender el contrato entre el parque científico de la Universidad de Barcelona (UB) y la empresa Vivotecnia, que tiene una investigación abierta en Madrid por maltrato animal, que comportará el sacrificio de 32 cachorros de raza 'beagle' en un experimento para desarrollar un fármaco antifibrótico para tratar la fibrosis hepática y mielofibrosis. El titular del Juzgado lo contencioso-administrativo número seis de la capital catalana ha inadmitido la petición de medida cautelar por un defecto de forma, al no ajustarse a las exigencias de la ley que regula esta posibilidad.

El sacrificio de los cachorros ha generado preocupación y críticas de instituciones y entidades animalistas frente a la defensa del contrato que realiza la Universidad. Una de las entidades en defensa de los animales, Lex Anima, pidió a un juez de Barcelona que, de manera cautelar, suspendiera el contrato entre la UB y Vivotecnia.

En un auto, el magistrado rechaza la medida cautelar, al entender que la entidad animalista no interpuso de forma correcta la solicitud de medidas cautelares. Según argumenta el togado, la asociación solicitó que se adoptara la suspesión del experimento sin haber interpuesto un recurso contencioso administrativo previo sobre el fondo del asunto, tal y como marca la ley.

Falta de concreción

El magistrado sostiene que el escrito de la demandante no respeta los supuestos legales, ni concreta cuál sería en el futuro el recurso que se interpondrá, a la vez que precisa que no se han agotado todas las vías ante la misma Administración. Es decir, tras el análisis de la petición "no ha superado el examen de exigencias de la norma para poder avanzar en la tramitación" de la medida cautelar".

La Universidad, asimismo afirmó en su día que “velará por que se cumpla con toda la legislación en materia de experimentación animal” y que los perros “solo se sacrificarán si no hay otra alternativa”. Por ello, el protocolo de trabajo deberá someterse a “todos los requisitos establecidos en las normativas autonómicas, estatales y europeas”, además de a “los preceptos éticos que vinculan tanto al PCB como a la UB”.