Inca: Alumnas de danza llevan al Ayuntamiento a juicio por no expedir el título que les garantizó

Las familias de cuatro jóvenes, algunas de ellas menores, que habían cursado sus estudios de danza en la Escola Municipal de Música i Dansa Antoni Torrandell de Inca (EMMID) entre los cursos académicos 2012-2013 y 2017-2018 están pendientes de una citación para la celebración de un juicio contra el ayuntamiento de Inca, institución a la que habían demandado al considerarse engañadas, ya que tanto la EMMID como el Consistorio habían garantizado que los estudios de danza que habían cursado eran «oficiales y reglados» cuando en realidad el centro no estaba autorizado para impartir este tipo de estudios superiores.

Fuentes de las familias afectadas explican que el acuerdo propuesto por el Ayuntamiento para evitar el juicio, consistente en la devolución de las cuotas cobradas de forma indebida, no satisface a los demandantes, que además exigen una indemnización por los «daños morales» sufridos que ascendería a 10.000 euros por cada alumna, cantidad que se sumaría a los 2.656,44 euros correspondientes al coste de las matrículas de los cursos que finalmente no sirvieron para obtener la titulación a la que aspiraban.

Según la demanda presentada por las familias a mediados del año 2022, después de haber agotado la vía administrativa sin respuesta por parte del ayuntamiento de Inca, las jóvenes se matricularon en los cursos porque se correspondían con estudios oficiales y reglados del Grado Elemental de Danza. Así lo había publicado el Ayuntamiento como mínimo hasta octubre de 2020 en su página web, que aseguraba que la EMMID «es una escuela reconocida para impartir estudios oficiales de música y danza en el Grado Elemental» en base a dos decretos oficiales que citaba de forma expresa.

Las alumnas se matricularon con las hojas proporcionadas por la escuela municipal, en la que «la distinción entre estudios reglados y no reglados era clara», por lo que optaron por los estudios reglados del Grado Elemental. La corporación municipal aplicó los precios públicos para los estudios de danza reglados establecidos en la ordenanza, que «igualmente distingue los precios a aplicar para el Grado Elemental de los precios para la enseñanza de danza no reglada», asegura la demanda.

Además, añade que, una vez finalizados los estudios, las alumnas abonaron las tasas para la obtención del certificado del Grado Elemental y así lo había certificado la propia Escuela.

Sin noticias del título

Al finalizar el cuarto curso, las alumnas solicitaron al EMMID el citado certificado acreditativo de haber cursado y superado las enseñanzas elementales de danza, pero pasaron meses sin recibir noticias del certificado. La Escuela municipal aseguraba que los había reclamado a la conselleria de Educación y que «se demoraría algún tiempo, pues las titulaciones solían tardar, sin mayor explicación». Cuando ya había pasado un año sin recibir los certificados, los padres de las alumnas solicitaron una reunión con los responsables de la EMMID, pero no pudo celebrarse con motivo del estado de alarma.

Entonces se solicitó una explicación a la Inspección Educativa de la conselleria de Educación por la demora en la expedición de los títulos, que contestó que el Ayuntamiento «había renunciado a impartir los estudios de danza reglada el 11 de septiembre de 2018, por lo que no podía expedirse el certificado de Grado Elemental». Posteriormente, la dirección general de Planificación, Ordenación y Centros ratificó que la EMMID «no disponía de autorización para impartir estudios reglados de danza entre los cursos 2011/2012 y 2017/2018 y que, pese a haber solicitado autorización para impartirlos el 17 de mayo de 2018, finalmente renunció a su petición en cuanto a la danza el 11 de septiembre de 2018 ya que no cumplía con los requisitos de espacio legalmente exigidos».

«Sorprendidos y desconcertados por la información, y no dando crédito a que habiendo renunciado expresamente a impartir los estudios de danza reglada el Ayuntamiento demandado nunca les hubiera informado de la situación», las familias afectadas volvieron a reclamar el certificado por escrito y ante el Ayuntamiento, «obteniendo nuevamente la callada por respuesta, sin una negativa y sin una explicación».

Así, en febrero de 2021 presentaron una reclamación sobre responsabilidad patrimonial ante el Ayuntamiento en la que exigían una indemnización, que tampoco fue contestada por la institución municipal. El caso se resolverá en los tribunales.

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