No somos nada. Mucho menos ante la Administración. Con pulsar dos teclas malévolas todo se va al traste y no hay ley de Protección de Datos que valga. El ciberataque al ayuntamiento de Calvià confirma que la informática, al igual que casi todo, solo es un avance cuando no hay avería ni mala intención de por medio, dos interferencias paralizantes que se dan con demasiada frecuencia.
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Seguro que el Ayuntamiento ha seguido el protocolo establecido ante las agresiones informáticas. Denuncia a la Guardia Civil y tiempo muerto para el ciudadano en los plazos de presentación de documentos. No pagará, como no podía ser de otra manera, la extorsión de 10 millones.
Anunciadas estas formalidades por el alcalde Amengual, los comportamientos y la escasa información concreta que ha transcendido, hacen pensar que el secuestro de datos ha sido sustancial y que, como consecuencia de ello, la administración local de Calvià navega ahora mismo en la confusión. En estas condiciones, resulta difícil transmitir un mensaje de tranquilidad.
A fin de cuentas, el consistorio solo es un intermediario, para lo bueno y para lo malo.
El ciberataque de confusa procedencia y antecedentes inquietantes se ha practicado directamente contra el bolsillo y la gestión administrativa de los residentes en el municipio. Y ninguno de ellos está ahora mismo en condiciones de saber exactamente qué ha pasado y qué se puede llegar a hacer con su privacidad.
Si hace falta buscar alguna conclusión podemos hacerlo por la vía de pensar que el mundo, las cosas, no cambian. Solo lo hacen los instrumentos para aprovecharse del esfuerzo, la profesionalidad y el sentido cívico de quienes obran de buena fe.