Manacor pone rumbo a la municipalización de la basura ante las “presiones de la concesionaria”

Manacor internalizará el servicio de recogida de basuras y la limpieza urbana de sus calles. Ese es la hoja de ruta de su alcalde, Miquel Oliver, y de su concejal de Medio Ambiente, Sebastià Llodrà (ambos de Més-Esquerra) ante los continuos desencuentros con Limpiezas Urbanas de Mallorca SA (Lumsa) que pueden desembocar este martes en una huelga indefinida a partir de las 20 horas. Una voluntad que, sin embargo, tiene unos plazos mínimos para empezar a aplicarse de entre uno y dos años.

El tema no deja de ser engorroso y complicado. El consistorio manacorí no entiende como Lumsa “no es capaz de poder pagar los 100.000 euros anuales a sus trabajadores derivados de la subida del 5,7% del IPC, cuando cada año cobra 5 millones del Ayuntamiento, y se ampara en un incumplimiento del convenio por pérdidas”, razona Llodrà, que pese a entender las reclamaciones de los 110 trabajadores de recogida y limpieza, cree que es la empresa que “estando cerca de elecciones quiere que ese dinero lo asuman los ciudadanos de Manacor y utiliza a sus trabajadores como arma contra nosotros”.

“La empresa valora muy poco a sus empleados y todos los ciudadanos. Lumsa acumula 160.000 euros en sanciones y el mes de noviembre pasado nos informó que no aplicaría la subida del IPC a sus trabajadores en Manacor. Nos sorprende cuando cobra 420.000 euros al mes del Ayuntamiento, la factura más alta que debemos pagar”, explica el alcalde Oliver, quien planteará dos salidas a los sindicatos CCOO y UGT con la intención de que la huelga no se haga efectiva esta semana.

La primera sería la de sacar adelante una nueva concesión de una forma rápida y con una duración de dos años. Con nuevas tablas salariales y la inclusión de un pago único extra de 1.200 euros para cada trabajador. Una opción que no podría empezar a aplicarse antes de cuatro meses. La segunda sería la internalización del servicio que asumiría la SAM (la empresa municipal que ya gestiona el agua, los aparcamientos o las playas) en un plazo de un año.

El Ayuntamiento acusa a la empresa adjudicataria de lanzar a los trabajadores a una huelga por no querer asumir el compromiso firmado con el personal de incrementar en un 5,7% los salarios de los trabajadores en 2023, tal y como recoge el convenio colectivo de la empresa. El alcalde de Manacor ha tildado el paro de "huelga patronal" y ha asegurado que "no es casualidad que la empresa no quiera aplicar el incremento salarial de sus trabajadores en el momento en que el Ayuntamiento plantea la prórroga del contrato, que no incluye revisión de precios tal y como está establecido en el contrato de 2019, argumentando pérdidas”.

Oliver y Llodrà, han explicado que en una reunión con Lumsa “ya se les comunicó que este equipo de gobierno no jugaría a hacerle el juego, porque este incremento no debe asumirlo el Ayuntamiento ni los ciudadanos, ya que el convenio colectivo estipula que quien debe cumplir debe ser la empresa”. Ambos han apuntado que la proximidad de las elecciones municipales es otro factor que la empresa utiliza como medida de presión.

El Ayuntamiento insiste en que se trata de un conflicto entre la empresa y los trabajadores. “Clarísimamente es una situación que sólo favorece a la empresa, ya que los trabajadores no ven incrementado el IPC para poder hacer frente al aumento de precios, y el Ayuntamiento y los ciudadanos ven perjudicado el servicio”, ha añadido Oliver.

En noviembre, el ayuntamiento de Manacor comunicó a Lumsa que prorrogaría el contrato (que vence el 1 de abril después de 4 años) sólo el tiempo imprescindible para poner en marcha un nuevo servicio, con la intención de no agotar el año completo. Lo que planteaba el ayuntamiento de Manacor era la opción de municipalizar el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria a través de la empresa pública municipal SAM con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y las condiciones de los trabajadores. Este trabajo, sin embargo, se ha visto interrumpido ante el escenario de una posible huelga, que se ha acabado convocando finalmente.

UGT apoya la internalización, pero avisa que «no puede improvisarse»

El sindicato UGT se ha comprometido este lunes a apoyar la municipalización del servicio, pero avisa que «es algo que no puede improvisarse el último mes de vigencia de la contrata ni a costa de mantener en la precariedad a los trabajadores otro año (o más)». La organización culpa de la actual situación de los trabajadores a la «imprevisión» del Ayuntamiento, ya que sabía que la contrata concluye el 31 de marzo y que la empresa no estaba dispuesta a seguir en las actuales condiciones. También conocía la institución municipal que el convenio colectivo "prohíbe las situaciones de prórroga para las contratas vigentes" y, según UGT, "se había comprometido a respetar el convenio, no a dilatar su aplicación".

UGT considera "totalmente insuficiente" la oferta presentada por la empresa y el Ayuntamiento, consistente en un incremento de las retribuciones del personal de la contrata en un 5,7 por ciento para 2023. A su entender, la situación que plantea el Ayuntamiento, mediante una prórroga forzosa de la contrata, "condena a los trabajadores a un año (o más) de precariedad salarial".